La llegada del otoño le otorgó al Gobierno nacional un respiro temporal frente a la amenaza de cortes de luz, pero en el horizonte cercano ya asoma un desafío estructural: la necesidad urgente de ampliar el sistema de transmisión eléctrica para evitar colapsos en el verano. Con este objetivo, la Secretaría de Energía avanza contrarreloj en la definición de un plan ambicioso que permitirá licitar obras estratégicas en abril, mientras se negocia un esquema financiero que combine inversión privada y respaldo de organismos multilaterales.
Desde 2002, el consumo eléctrico en Argentina creció más de 117%, pero las líneas de transporte solo lo hicieron un 54%. Este desequilibrio convirtió al sistema en un cuello de botella que encarece el abastecimiento y limita la incorporación de nueva generación, incluso de fuentes renovables.
El nudo del sistema eléctrico: falta de inversión y saturación de las redes
La empresa Transener —principal operadora de líneas de alta tensión— advirtió que el sistema se encuentra “saturado”, lo que eleva los costos de mantenimiento y aumenta la fragilidad ante cualquier contingencia. Así como el gasoducto Néstor Kirchner permitió ahorrar divisas y bajar tarifas mediante el abastecimiento desde Vaca Muerta, las obras de transmisión podrían habilitar generación más barata y eficiente, mejorando la competitividad y reduciendo subsidios.
Actualmente, empresas del sector renovable se ven forzadas a instalar parques eólicos o solares no donde haya mejores condiciones climáticas, sino donde exista capacidad en la red para evacuar la energía. Por eso, la ampliación del sistema se convirtió en una prioridad para el equipo que lideran María Tettamanti y Daniel González.
Nuevo modelo para financiar obras: sin presupuesto estatal y respaldo del BID
La política del Gobierno es clara: no habrá más financiamiento estatal para obra pública. Por eso, el modelo que se baraja es el de concesiones a 30 años, donde las empresas privadas financien, construyan y operen las líneas, y recuperen su inversión a través de tarifas. Un esquema similar al que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri en el área de energías renovables, con respaldo del Banco Mundial.
El problema central sigue siendo el riesgo país —hoy en torno a los 900 puntos—, que encarece el acceso al crédito. Por eso, se negocia con el Banco Mundial y el BID la creación de un fondo de garantía para atraer inversiones privadas. Una fórmula que permitiría reactivar obras sin comprometer el superávit fiscal, una de las anclas del programa económico.
Las obras clave que se licitarán y los proyectos en carpeta
La resolución que se publicará en las próximas semanas incluirá obras ya contempladas en la fallida resolución 507 de 2023, que fue dada de baja por la gestión anterior. La más importante es el proyecto AMBA I, que sumará 1500 MW de capacidad de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires con una inversión estimada en US$1111 millones.
Además, Enarsa lanzará la venta del 25,5% de su participación indirecta en Transener —empresa clave del sistema—, por la que espera recaudar unos US$200 millones. La operación implicará desprenderse de su parte en Citelec, controlada en conjunto con Pampa Energía.
En paralelo, la Secretaría de Energía lanzará dos licitaciones estratégicas: una para las centrales hidroeléctricas del Comahue, y otra para instalar 500 MW de almacenamiento en baterías en el AMBA, bajo el programa AlmaGBA. Esta última busca garantizar el abastecimiento en picos de demanda en 2027, mediante un esquema de tarifas por disponibilidad.
Una cláusula clave para el sector minero
Como parte del plan para destrabar inversiones, se prevé una resolución que otorgue prioridad de despacho a las empresas mineras que financien nuevas líneas. Una medida que apunta a atraer capital para obras clave en provincias con potencial extractivo, y que podría acelerar la expansión del transporte eléctrico en regiones hoy marginadas del sistema.
Una apuesta estratégica que requiere estabilidad
Desde la Casa Rosada reconocen que los tiempos apremian. Sin un shock de inversión en transmisión, la matriz energética quedará condicionada a seguir operando con altos costos y riesgo de cortes. Por eso, el Gobierno acelera el paso y pone en marcha licitaciones clave que le permitirán ganar tiempo y, a la vez, consolidar su narrativa de gestión eficiente, orden macroeconómico y recuperación de la infraestructura energética sin déficit fiscal.
