La Justicia estadounidense rechazó el pedido de Argentina para que se investigue la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza federal, Loretta Preska, rechazó la presentación realizada por la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular el fallo que obligaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford Capital y Eton Park.
El pasado 17 de febrero, RA4ARG presentó el recurso ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tras lo cual la jueza emitió una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. Los beneficiarios del fallo inicial, Burford Capital, consideraron que la solicitud «llegó un año tarde».
Mientras, desde el Estado Argentino, representado por la Procuración del Tesoro, se acompañó el pedido y se ratificó «el compromiso con investigar los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi«, además de la «firme voluntad del gobierno a colaborar con Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos que rodeen el caso».
Por su parte, la magistrada consideró válida la postura de Burford Capital, por lo que rechazó la solicitud. «El Tribunal trató las presentaciones de RA4ARG como una moción para intervenir, la cual fue negada. La presentación es inoportuna y, de conformidad con la norma, no tiene ningún interés cognoscible en el litigio», señaló el fallo.
«La intervención permisiva bajo las reglas no está justificada porque RA4ARG no formuló una demanda o defensa, y ninguna de las determinaciones legales o fácticas hechas en la sentencia de la Corte sobre el fondo afecta ningún derecho o titularidad reclamado», amplió el fallo de Preska.
El caso por YPF comenzó en 2015, cuando las firmas inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda luego de adquirir los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas sociedades que pertenecían al grupo argentino Eskenazi, que poseía una participación accionaria del 25% de YPF al momento de su expropiación en 2012. En 2023, la justicia estadounidense condenó al Estado Argentino por la nacionalización de la empresa, por lo que deberá pagar 16.000 millones de dólares
