La Corte Suprema de Justicia otorgó un plazo adicional de 90 días a los jueces federales de la Seguridad Social para dictar sentencia en los juicios previsionales. La medida, establecida mediante la Resolución 118/2025, responde a la solicitud de la Cámara Federal del fuero, que advirtió sobre la sobrecarga de expedientes y la imposibilidad de cumplir con los plazos procesales vigentes.
En la práctica, el plazo legal para resolver liquidaciones ya no se cumplía. Según explicó el abogado previsionalista Adrián Tróccoli, los jueces deberían dictar sentencia en un máximo de 15 días, pero en la realidad los fallos pueden demorar entre 4 y 7 meses. Con esta resolución, la Corte simplemente formaliza una situación que ya se venía dando, evitando que los magistrados queden expuestos a incumplimientos normativos.
La decisión no altera los plazos de pago de las sentencias firmes, aunque sí confirma que los jubilados deberán seguir esperando para la resolución de sus demandas.
La respuesta de la ANSES
Tras la difusión de la medida, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) salió al cruce de versiones erróneas y aclaró que la prórroga no afecta el cumplimiento de los pagos de sentencias firmes.
“El organismo seguirá cumpliendo con las obligaciones establecidas en las resoluciones judiciales dentro de los plazos previstos”, indicaron desde el ente previsional. Además, destacaron que desde la implementación del nuevo esquema de liquidación mediante la Resolución DEA 307/2024, se ha agilizado la actualización de haberes de los beneficiarios con sentencia firme.
Sin embargo, en la práctica, el pago del retroactivo sigue siendo un problema sin resolver. Según Tróccoli, aunque las sentencias dictadas desde julio de 2024 comenzaron a ejecutarse con mayor rapidez, en muchos casos la ANSES solo liquida la actualización del haber mensual, pero no abona los montos adeudados por períodos anteriores.
«El retroactivo se termina cobrando, pero en muchos casos es necesario embargar cuentas de la ANSES para efectivizar los pagos», advirtió el especialista.
Un fuero colapsado por la litigiosidad previsional
Actualmente, los diez juzgados federales de Seguridad Social acumulan aproximadamente 30.000 expedientes cada uno, lo que ha llevado a una demora estructural en la resolución de los casos. En total, hay alrededor de 500.000 juicios con sentencia firme que aguardan ejecución, ya sea por ajustes de haberes no cumplidos o liquidados parcialmente.
El colapso del sistema judicial también se explica por la falta de recursos. Según Tróccoli, la escasez de peritos contables provoca demoras adicionales en los procesos. «Las pericias pueden tardar hasta 11 meses en ser realizadas, lo que extiende aún más los tiempos de resolución», señaló.
El abogado detalló que el tiempo promedio de un juicio previsional oscila entre 12 y 18 meses, aunque hay casos que llevan más de una década sin resolución. «Tengo juicios iniciados en 2009 cuyos beneficiarios todavía no han cobrado», afirmó.
Un problema sin solución a la vista
El retraso en el pago de las sentencias previsionales no es un fenómeno nuevo. Desde hace años, la acumulación de juicios contra la ANSES se mantiene constante, en muchos casos debido a errores en la liquidación de haberes o incumplimientos en los ajustes por movilidad.
Si bien el presupuesto de la ANSES contempla fondos específicos para el pago de sentencias –en 2023 se resolvieron cerca de 40.000 casos–, la cantidad de nuevos litigios ingresados anualmente impide reducir el stock acumulado.
A esta situación se suma la demora en los fallos de la Corte Suprema sobre apelaciones presentadas por el organismo previsional, lo que prolonga la incertidumbre de los jubilados y contribuye al colapso del sistema judicial.
