El juez federal Alejo Ramos Padilla, encargado de la causa que reclama la inconstitucionalidad de los nombramientos en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema, resolvió que esperará hasta la próxima sesión del Senado para decidir sobre el caso. Los pliegos de Lijo y García-Mansilla cuentan con dictamen, por lo que restaría su tratamiento en el recinto para definir su futuro como jueces de la Corte Suprema.
Ramos Padilla consideró al decisión de la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, de llamar a sesionar el próximo 3 de abril. «La proximidad de la sesión convocada impone postergar el tratamiento de la medida cautelar hasta el 3 de abril de 2025, a la espera de los resultados y decisiones que eventualmente surjan de la sesión del Honorable Senado de la Nación», consideró el juez en el fallo.
Para la sesión, la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta realizó los procedimientos previos para incluir el tratamiento de los pliegos emitidos por el Poder Ejecutivo, que busca llenar las dos vacantes que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
«Encontrándose tan próxima la sesión publica especial fijada, estimo que deben evitarse las decisiones judiciales apresuradas que eventualmente puedan interferir o desnaturalizar el debate y el adecuado tratamiento de las nominaciones, siendo la prudencia una de las máximas virtudes que deben exigirse a aquellas personas que se desempeñan en la función judicial», agregó Ramos Padilla.
La causa que llegó al juez fue iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Poder Ciudadano, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y otros organismos que se opusieron a los nombramientos por decreto realizados por el presidente Javier Milei. No es la primera vez que Ramos Padilla se ve involucrado en un nombramientos de la Corte Suprema. En 2016 intervino en la causa contra los nombramientos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquella ocasión, ordenó a la Corte no tomarles juramento, por lo que el ex presidente tuvo que enviar los pliegos al Congreso y esperar a su aprobación en el recinto.
