La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionó el decreto de Javier Milei, que designa a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia. La especialista sostuvo que esta medida puede «erosionar la transparencia» del Poder Judicial y del Estado.
«El nombramiento judicial a través de un decreto presidencial sienta un precedente peligroso al politizar las designaciones, erosionar la transparencia y limitar las vías de escrutinio y contestación pública. Al ignorar los procesos de nombramiento judicial establecidos en la Constitución y aclarados en la legislación, el Ejecutivo está evadiendo los controles y equilibrios legalmente establecidos», indicó la magistrado en su cuenta de X.
Además, señaló que «la estabilidad en el cargo es fundamental para la protección de la independencia judicial, permitiendo a los jueces ejercer sus funciones sin la amenaza de perder su puesto si sus decisiones no complacen a otros poderes del gobierno. Los nombramientos temporales pueden erosionar esta garantía«, aclaró al respecto.
«Con estas dos designaciones, la Corte Suprema funcionará sin juezas. Este retroceso para el país podría constituir una violación del principio de no regresión en relación con las normas de igualdad de género. Argentina debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar la independencia del poder judicial y respetar el estado de derecho. Estoy en contacto con las autoridades argentinas sobre este asunto», completó la relatora especial de la ONU.
El Senado sigue de cerca el caso
A pesar de que Manuel García Mansilla ya juró, el Senado trabaja sobre la comisión correspondiente para tratar su pliego. Hasta ahora juntaron ocho firmas y están a una de poner el pliego de él y de Ariel Lijo en el recinto, lo que sería un golpe duro para el Gobierno que sabe que si eso sucede hay muchas chances de que los rechacen, lo que sería superador al decreto presidencial.
Es por esto que todos están pendientes de quien será el último senador en firmar el dictamen para avanzar con el tratamiento de estos pliegos. Mientras tanto, en Casa Rosada negocian con los gobernadores del interior para que sus legisladores no firmen el dictamen. La estrategia del Gobierno es estirar lo máximo posible el tratamiento, el cual les gustaría que sea después de las elecciones legislativas.
Saben que haciendo unas buenas elecciones podrán tener más fuerza en el Senado y ya no afrontarán más estos peligros, por lo que buscan evitar a toda costa su tratamiento hasta antes de septiembre u octubre. Por ahora, parece difícil que no consigan una firma más, aunque nadie quiere asumir las consecuencias de esta decisión.
#Argentina: La semana pasada, expresé mi preocupación por la decisión del Presidente de nombrar a dos jueces de la Corte Suprema mediante decreto presidencial, eludiendo la aprobación del Senado.
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) March 11, 2025
El nombramiento judicial a través de un decreto presidencial sienta un precedente…
