A pesar de que han pasado casi 50 años desde el inicio de la última dictadura (1976-1983), las causas judiciales por lesa humanidad continúa abierta en Argentina . Actualmente , hay más de 300 casos que involucran crímenes como secuestraciones ,continúan abiertas en Argentina. Actualmente, hay más de 300 casos que involucran crímenes como secuestros , torturas , desapariciones y el robo de bebés, muchos de los cuales aún no han sido juzgados. A pesar del tiempo transcurrido y la constante caída de víctimas y acusados, estos juicios siguen adelante. Sin embargo, la situación se complica por la falta de recursos y el desmantelamiento de áreas clave dentro de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno.
Según un informe reciente de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA), existen actualmente 14 juicios en marcha, 63 causas elevadas a juicio y 258 en instrucción. Las dificultades son evidentes, ya que la cantidad de casos crece debido a la magnitud de los crímenes cometidos. Además, la falta de jueces ha generado demoras, ya que se recurre a jueces subrogantes para cubrir vacantes.
La falta de recursos ha sido una constante en los últimos años. Carolina Vilella, coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo , señala que el desmantelamiento de áreas dedicadas a la defensa de los derechos humanos ha afectado el avance de los juicios. “No hay recursos suficientes para llevar adelante tantas causas, lo que genera demoras que afectan a las víctimas”, explica Vilella.
La continuidad de los juicios ante un panorama adverso
A pesar de los desafíos, los juicios de lesa humanidad continúan. En los primeros meses de 2025, la actividad procesal se ha mantenido activa. A pesar de que la llegada de Javier Milei a la presidencia generó especulaciones sobre un posible freno a estos procesos, las causas han seguido su curso. La postura oficial de «memoria completa» no ha sido un obstáculo para la continuidad de los juicios.
El desmantelamiento de organismos clave, como el Programa Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) y el Centro Ulloa, ha generado preocupación. La fiscal de La Plata, Ana Oberlin, destaca cómo estos cambios afectan la capacidad de la Justicia para avanzar con las investigaciones. “El desarme de estos organismos tiene dificultado la recolección de información vital para los juicios”, explica Oberlin.
Según PROCULESA, más de 1.200 de los 3.824 investigados han fallecido desde 2006, lo que genera una «impunidad biológica», según la fiscal Oberlin.
A pesar de los obstáculos, los abogados y la Fiscalía siguen impulsando los juicios. Aunque no se ve un fin cercano para las causas, todavía quedan imputados vivos y muchos crímenes por juzgar. La situación sigue siendo difícil, pero los esfuerzos por garantizar la verdad y la justicia continúan.
