El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley Antimafias, una norma que endurece las penas para los miembros de organizaciones criminales. La ley fue sancionada en sesiones extraordinarias del Congreso y publicada hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 177/2025. Su objetivo es desarticular bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas.
La ley 27.786 establece que se considera organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que operen de manera concertada para cometer delitos graves. Estos grupos deben actuar de forma continua en zonas específicas y con un modus operandi definido, buscando obtener beneficios ilegales o intimidar a la población.
Entre los delitos contemplados en la norma se incluyen el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas. Además, introduce nuevos criterios para identificar la participación de delincuentes en organizaciones criminales, como la reiteración de hechos delictivos en un mismo territorio y el intento de ejercer control sobre determinadas áreas.
Uno de los principales cambios que introduce la ley es la posibilidad de declarar ciertas zonas como “sujetas a investigación especial”. Esto permitirá a las fuerzas de seguridad federales y provinciales realizar operativos coordinados con la justicia, intervenir comunicaciones y confiscar bienes relacionados con actividades criminales.
Se endurecen las penas bajo la Ley Antimafias
Asimismo, se modifica el Código Penal para endurecer las penas de quienes formen parte de estas organizaciones. Las sanciones pueden ir de 8 a 20 años de prisión en los casos de delitos de gran magnitud, como el narcotráfico o la trata de personas. También se habilita el decomiso anticipado de bienes vinculados a estas actividades, incluso antes de una condena firme.
Otra medida clave es la extensión del tiempo de detención en casos de delincuencia transnacional. Bajo esta nueva normativa, las personas investigadas podrán permanecer detenidas hasta por 15 días, con posibilidad de prórroga mediante autorización judicial.
