La Cancillería oficializó el nombramiento de Úrsula Basset como nueva directora de Derechos Humanos, una abogada con un marcado perfil conservador y posiciones contrarias a las políticas de género y diversidad. Su designación se formalizó este viernes a través de la resolución 71/2025, firmada por el canciller Gerardo Werthein, consolidando así el giro del Gobierno en materia de derechos humanos y su estrategia de enfrentamiento con organismos internacionales.
Basset ya venía desempeñando un rol clave en la política exterior del país. Desde hace meses, bajo instrucciones de la Secretaría General de la Presidencia, había intervenido en los discursos de Argentina ante la ONU y la OEA, defendiendo posturas alineadas con la administración de Javier Milei. Su trabajo estuvo orientado a rechazar resoluciones sobre igualdad de género, derechos de pueblos indígenas y políticas de cuidado, ejes centrales de la Agenda 2030 de la ONU, a la que el oficialismo considera una imposición del globalismo.
El nombramiento de Basset no fue una decisión aislada. Su incorporación responde a la estrategia impulsada por Karina Milei y el equipo de Santiago Caputo, quienes buscan consolidar un discurso contra el feminismo y las políticas de inclusión, en línea con referentes como Donald Trump y Benjamín Netanyahu.
Críticas y tensión con organismos internacionales
La designación se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional para Argentina en materia de derechos humanos. En los últimos meses, el país ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de entidades como el Alto Comisionado de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, que han expresado su preocupación por el retroceso en políticas de género y diversidad.
La abogada será la encargada de manejar la relación con estos organismos en un escenario tenso, donde el Gobierno ha tomado decisiones polémicas, como el rechazo a resoluciones sobre violencia de género y la abstención en votaciones sobre igualdad de oportunidades.
Un perfil sin experiencia en derecho internacional
El nombramiento de Basset marca un quiebre con la tradición diplomática argentina. A diferencia de sus predecesores, no es especialista en derecho internacional ni cuenta con antecedentes en organismos multilaterales. Hasta ahora, el cargo había sido ocupado por figuras de prestigio en la materia, como los embajadores Leandro Despouy y Horacio Basabe, o académicos de trayectoria en derechos humanos como Horacio Ravenna y Mónica Pinto.
En contraste, Basset se ha destacado como especialista en derecho de familia, una rama del derecho ajena al ámbito diplomático. Sus posturas han sido cuestionadas por sectores que la acusan de promover una agenda conservadora. Por ejemplo, con posturas contrarias al aborto, la perspectiva de género y los derechos de la comunidad LGTBI. Además, ha defendido la idea de que los llamados “discursos de odio” en redes sociales no deben ser regulados.
El impacto en la Cancillería y el desplazamiento de Sotelo
Con esta designación, el Gobierno busca ordenar una Cancillería que todavía no termina de definir su estructura tras la salida de Diana Mondino. Durante los últimos meses, la dirección de Derechos Humanos había quedado bajo el control de Nahuel Sotelo, secretario de «Culto y Civilización». El cual intentó imponer un sesgo ideológico similar. Sin embargo, su influencia quedó desplazada con la llegada de Gerardo Werthein al Ministerio.
El reordenamiento interno también trajo otras modificaciones. La Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos fue eliminada, mientras que el Gobierno mantiene dos áreas superpuestas en temas religiosos. La Secretaría de Culto y Civilización y la Subsecretaría de Culto, ambas con funciones similares, pero bajo la órbita de distintos sectores del oficialismo.
El futuro de la política de derechos humanos en Argentina
La llegada de Basset representa un punto de inflexión en la política de derechos humanos del país. Su nombramiento refuerza el distanciamiento del Gobierno de los estándares internacionales en la materia. Además, marca una profundización de su enfrentamiento con las políticas de igualdad.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los movimientos de la administración Milei en esta área. Evaluando el impacto que estas decisiones puedan tener en la relación de Argentina con organismos multilaterales, acuerdos internacionales y su imagen a nivel global.
