El Decreto 149, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, eliminó la obligación de las empresas de realizar aportes a las cámaras patronales en los convenios colectivos de trabajo. Aunque la medida no afecta directamente a los sindicatos, en el sector sindical crece la preocupación por una posible extensión de la norma a los aportes obligatorios de los trabajadores, una de sus principales fuentes de financiamiento.
Dirigentes sindicales admiten que la decisión del Gobierno «genera mucho ruido y malestar». En las últimas horas, algunos referentes de la CGT se comunicaron con funcionarios de la administración libertaria para conocer si las contribuciones obligatorias de los trabajadores están bajo revisión.
«Hay que analizar convenio por convenio. Sin embargo, todos los aportes compulsivos que estén fuera del alcance de la ley de convenios colectivos de trabajo no son válidos», señalaron fuentes oficiales.
Desde el Gobierno aclararon que, por ahora, el decreto apunta a las contribuciones empresariales, no a los aportes sindicales. Sin embargo, se encuentran evaluando el destino de esos fondos y los beneficios que otorgan a los trabajadores.
El temor a la eliminación de las cuotas solidarias
El sindicalismo considera que el Decreto 149 sienta un precedente similar al DNU 70, frenado por la Justicia, que restringía las cuotas solidarias. Estas contribuciones, que se descuentan de los salarios de los trabajadores no afiliados a los sindicatos, representan un mecanismo clave de financiamiento gremial.
Desde los años 90, las cuotas solidarias permitieron compensar la caída de la afiliación sindical, acordando con las empresas que los empleados no afiliados también aporten al sindicato, ya que se benefician de las negociaciones paritarias.
El secretario general de Comercio, Armando Cavalieri, ya había advertido que la eliminación de estos aportes «pondría en bancarrota a todo el gremio». En su caso, el sindicato de Comercio cuenta con más de un millón de trabajadores que contribuyen mensualmente a su estructura.
Este punto fue una de las principales razones por las que la CGT logró frenar el capítulo laboral del DNU 70 en la Justicia y forzó su eliminación del borrador final de la Ley Bases.
Un intento fallido en el Congreso
El debate sobre los aportes sindicales también se dio en el Congreso. En 2024, un grupo de legisladores de la UCR y el PRO presentó el proyecto de «Democracia Sindical» —conocido como «Ley Tetaz»— que proponía la prohibición de las cuotas solidarias.
El proyecto establecía que «los gremios no podrán establecer, exigir ni imponer aportes a los trabajadores de manera obligatoria» y que cualquier descuento debía contar con la autorización expresa del empleado, con la posibilidad de revocarlo en cualquier momento.
Sin embargo, la iniciativa perdió estado parlamentario tras no lograr los votos suficientes en la Comisión de Legislación del Trabajo ni el quórum necesario para su tratamiento en el recinto.
¿Avanzará el Gobierno sobre los aportes sindicales?
Por el momento, no hay confirmaciones de que el Gobierno busque eliminar los aportes de los trabajadores a los sindicatos. No obstante, en la CGT temen que la eliminación de los aportes empresariales sea solo el primer paso hacia una reforma más amplia que incluya las contribuciones sindicales.
Una medida de este tipo pondría en riesgo el financiamiento de los gremios y generaría un conflicto directo con la dirigencia sindical, lo que podría escalar a una confrontación con la Casa Rosada.
El decreto de Sturzenegger ya desató tensiones en el sector y abrió una nueva disputa entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto de alta conflictividad social y económica.
