El futuro judicial de Alberto Fernández enfrenta un nuevo obstáculo. El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, solicitó este jueves que se ratifique el procesamiento del expresidente en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez. La decisión final ahora recae sobre los jueces del tribunal de apelaciones.
La postura de la Fiscalía
En su dictamen presentado ante la sala II de la Cámara Federal, el fiscal aseguró que están dadas las condiciones para confirmar la resolución del juez Julián Ercolini, quien ya había procesado a Fernández por lesiones y amenazas agravadas por el contexto de violencia de género. Además, señaló que existen pruebas suficientes para considerar acreditada la responsabilidad del exmandatario en los hechos denunciados.
? Comenzó la audiencia de apelación de Alberto Fernández
— La Nación Más (@lanacionmas) March 6, 2025
El expresidente está procesado por hechos de violencia de género contra Fabiola Yáñez.
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De esta manera, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico tendrán que definir si ratifican, revocan o modifican el procesamiento. En caso de confirmarse, el expresidente podría ser llevado a juicio oral.
Qué dice la denuncia contra Alberto Fernández
Según la investigación, Fernández habría ejercido violencia física y psicológica sobre Yañez en varias oportunidades, al menos desde 2016 hasta agosto de 2024. La causa se originó tras la aparición de imágenes donde se veían lesiones en el rostro y cuerpo de la ex primera dama. Las fotos fueron halladas en el celular de María Cantero, exsecretaria de Fernández, durante una investigación judicial por presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales.
El testimonio de Fabiola Yañez, realizado por videoconferencia desde Madrid, fue clave para avanzar en la acusación. La ex primera dama sostuvo que sufrió agresiones en la Quinta de Olivos y que fue presionada para no denunciar.
Un proceso con fuertes implicancias políticas
El procesamiento dictado por Ercolini incluyó un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes del expresidente. En su fallo, el juez destacó que el vínculo entre Fernández y Yañez estuvo marcado por una clara asimetría de poder, lo que habría facilitado el ejercicio de la violencia.
La causa generó un fuerte impacto en el ámbito político. Mientras algunos sectores del oficialismo defienden la presunción de inocencia del exmandatario, otros han optado por tomar distancia. En la oposición, en tanto, consideran que la situación judicial de Fernández es un símbolo de la falta de ética dentro del gobierno anterior.
Ahora, con el dictamen del fiscal en la mesa, la Cámara Federal tiene la última palabra sobre el futuro del expresidente. De ratificarse la acusación, Alberto Fernández podría enfrentar un juicio oral en los próximos meses, lo que marcaría un hecho sin precedentes en la historia política reciente del país.
