La expresidenta Cristina Kirchner enfrenta una nueva complicación judicial. Mientras en la última semana fue vetada por Estados Unidos por hechos de corrupción y la Cámara de Casación reactivó el caso Vialidad, la Justicia Federal volvió a poner bajo análisis su patrimonio con un peritaje contable que revisa sus declaraciones juradas entre 2009 y 2015.
La medida fue ordenada por la Cámara Federal porteña a fines del año pasado, a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que apeló el cierre de una causa vinculada al empalme patrimonial tras la muerte de Néstor Kirchner. El expediente, que había sido archivado por el juez Julián Ercolini con aval del fiscal Gerardo Pollicita, se reactivó en diciembre y ahora está bajo análisis técnico de peritos oficiales y del Ministerio Público Fiscal.
El foco: bienes compartidos con Báez y movimientos bancarios
El objeto del nuevo peritaje son las declaraciones juradas de Kirchner correspondientes a los años 2009 a 2015. Se examinan terrenos en El Calafate y Río Gallegos, cuentas bancarias en dólares y plazos fijos. Entre los inmuebles figura un lote de 87.000 metros cuadrados que la familia Kirchner comparte con Lázaro Báez, una de las piezas clave del circuito de retorno de fondos públicos a través de hoteles, como ya se ventiló en la causa Hotesur-Los Sauces.
También se releva un terreno declarado en 2011 con 625 metros cuadrados y en 2012 con 265, así como diferencias entre los depósitos declarados por la expresidenta y los registrados por Néstor Kirchner antes de su fallecimiento.
Aunque Pollicita había considerado que no existían elementos suficientes para una imputación penal —incluso atribuyendo algunos errores a simples omisiones formales—, la Cámara entendió lo contrario. Bruglia y Bertuzzi señalaron que había inconsistencias que justificaban una nueva revisión. Y el juez Mariano Llorens fue aún más lejos.
Un nuevo pedido de indagatoria
Llorens planteó que las inconsistencias en el patrimonio de la expresidenta no pueden separarse del “entramado espurio” ya ventilado en las causas de corrupción más graves del kirchnerismo. Para el magistrado, los elementos en juego ya permitirían citar a indagatoria a CFK.
«Los hechos relacionados con el incremento patrimonial y la exteriorización del patrimonio no pueden examinarse de manera aislada. Todas las causas están lógicamente vinculadas. Estimo conducente que se convoque a Cristina Fernández a prestar declaración indagatoria», afirmó en su voto.
Contexto: otra pieza del rompecabezas judicial
La causa en curso se tramita por fuera de los expedientes de Vialidad y Hotesur-Los Sauces, aunque comparte protagonistas, vínculos patrimoniales y sospechas. En el caso Vialidad, Kirchner ya tiene una condena confirmada por la Casación por direccionar obra pública a favor de Báez. En Hotesur, se investiga cómo esos fondos volvían al patrimonio familiar a través de contratos irregulares con hoteles y propiedades.
El fiscal Pollicita fue quien impulsó ambas causas y ahora debe supervisar este nuevo peritaje técnico ordenado por la Cámara.
Defensa sin novedades
El abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, rechazó la reapertura del expediente. Alegó que la UIF no presentó nuevos elementos en su apelación y que no había motivo para realizar otra evaluación técnica. “Es innecesario y carente de fundamento”, sostuvo.
Sin embargo, la Justicia avanzó. Por estas horas, cuatro peritos —uno oficial, uno de la expresidenta y dos del Ministerio Público— revisan los documentos patrimoniales. Los resultados podrían complicar aún más la situación judicial de quien acumula múltiples frentes abiertos.
