El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció la primera entrega del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, un plan que destina $28.600 millones a 58 municipios para la compra de equipamiento, patrulleros y obras en comisarías. Según el gobierno provincial, esta inversión se enmarca en un total de $71.500 millones previstos por decreto y forma parte de un plan aún mayor de $170.000 millones que busca abarcar a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
La medida fue presentada como una respuesta concreta frente a los problemas de inseguridad. Sin embargo, llega en un contexto donde las deficiencias del sistema policial provincial son evidentes desde hace años. Kicillof insiste en responsabilizar al Gobierno nacional por una supuesta quita de fondos, pero evita hacer autocrítica por la falta de inversión sostenida. Además, de la escasa profesionalización de las fuerzas de seguridad y la ausencia de una política criminal eficaz durante sus cuatro años de gestión.
Críticas a la gestión libertaria
En lugar de reformar el sistema de prevención del delito y avanzar con políticas de fondo, el gobernador opta por repartir partidas en medio de tensiones con la Casa Rosada, a la que acusa de “fundir” a las provincias. Su argumento, sin embargo, se sostiene en una demanda ante la Corte Suprema que sigue sin definiciones y cuyo fundamento jurídico ha sido ampliamente cuestionado.
Según Kicillof, el Gobierno nacional «le robó a la provincia un fondo de $750.000 millones» que era usado para patrulleros, salarios policiales y equipamiento. No obstante, omite mencionar que muchas de las partidas de seguridad en Buenos Aires estaban destinadas al manejo discrecional del poder político. Y no fueron ejecutadas en tiempo y forma durante su administración. De hecho, informes oficiales han mostrado subejecución de presupuestos en áreas clave. Incluso durante años en los que la provincia recibió mayores transferencias que el promedio nacional.
Deficiencias estructurales clave
Mientras tanto, los municipios continúan operando con sistemas policiales colapsados, turnos recargados y una estructura de seguridad que no logra cubrir los niveles mínimos de prevención. La escasez de recursos humanos en comisarías, la falta de capacitación y el deterioro edilicio son parte de un diagnóstico que va mucho más allá de los fondos nacionales.
A pesar de los anuncios, muchos distritos aún no tienen claridad sobre cómo y cuándo se ejecutarán estas partidas. En paralelo, el Ejecutivo bonaerense se niega a debatir de forma transparente el uso del fondo, el mecanismo de reparto y los resultados esperados. Además, la rendición de cuentas sobre el destino final de los recursos es, hasta el momento, inexistente.
Lejos de enfocarse en los problemas estructurales de seguridad y justicia que afectan a bonaerenses, Kicillof vuelve a instalar el discurso de la victimización institucional. Específicamente, responsabilizando a la Nación sin presentar un plan integral propio ni autocrítica por la situación actual. La inseguridad no se resuelve con parches ni declaraciones altisonantes: requiere gestión, transparencia y responsabilidad política, algo que el gobernador aún no ha demostrado.
