El Gobierno de Bolivia confirmó este lunes que las elecciones generales previstas para el próximo 17 de agosto se llevarán a cabo sin alteraciones, pese a la presentación de múltiples recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La información fue confirmada por el ministro de Justicia, César Siles, quien descartó cualquier posibilidad legal o constitucional de suspender el proceso en curso.
Durante una conferencia de prensa, Siles explicó que los recursos constitucionales que han sido interpuestos —al menos seis en total— no tienen capacidad jurídica para modificar el calendario electoral vigente. Estas acciones, presentadas por diferentes sectores, cuestionan principalmente la falta de paridad de género en las candidaturas presidenciales y reclaman una mayor inclusión de los pueblos indígenas en el sistema electoral nacional.
El ministro fue enfático al declarar que “no hay ninguna posibilidad legal, jurídica ni constitucional de suspender las elecciones”. En ese sentido, sostuvo que el proceso electoral ya está en marcha y protegido por el principio de preclusión, lo que impide su modificación una vez iniciado.
Recursos en trámite y posturas divergentes
Los recursos fueron presentados por actores diversos: desde el diputado oficialista Israel Huaytari hasta exmagistrados como Gualberto Cusi, así como organizaciones indígenas como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Nación Qhara Qhara. Todos apuntan a artículos clave de la Ley de Organizaciones Políticas, especialmente aquellos vinculados con los derechos colectivos y la participación paritaria.
Uno de los ejes del debate es la exigencia de binomios presidenciales con paridad de género. Esta normativa plantea que, si el candidato a la presidencia es un hombre, la vicepresidencia debe ser ocupada por una mujer, o viceversa. El diputado Huaytari presentó un recurso contra una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque este último advirtió que dicha presentación estaba “mal planteada”, ya que no se refería a un requisito de postulación definido.
Además, el propio TSE recurrió al TCP para solicitar una aclaración sobre la constitucionalidad de la participación de pueblos indígenas en comicios nacionales. Esta situación pone en evidencia una creciente tensión entre la normativa vigente y las aspiraciones de una democracia más representativa e inclusiva.
El Gobierno cierra filas para garantizar el proceso electoral
Pese a la diversidad de cuestionamientos, el ministro Siles recalcó que los eventuales fallos del TCP no podrán afectar los comicios de este año. En el mejor de los casos, explicó, el tribunal podría exhortar a la Asamblea Legislativa a reformar la ley electoral de cara a futuros procesos.
“Cualquier modificación que pueda haber, tanto del artículo 28 como del artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, regirá solo para lo venidero”, detalló. Bajo ese marco, ratificó que el Ejecutivo está decidido a blindar la convocatoria del 17 de agosto frente a cualquier intento de judicialización que busque frenar o alterar el curso de las elecciones.
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— Ministerio Justicia y Transparencia Institucional (@MinJusticiaBol) April 22, 2025
El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, MSc. César Adalid Siles Bazán, participa del seminario
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