El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, quedó formalmente imputado por su presunta participación en una red de recaudación paralela dentro del área que comandaba. La acusación fue presentada por el fiscal Álvaro Garganta e involucra a 15 personas más, entre ellas, un juez de faltas, una concejal del conurbano y empresarios vinculados a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y al sistema de multas de tránsito.
La investigación, iniciada en octubre del año pasado, describe al menos tres maniobras ilegales: una ligada al cobro irregular de infracciones de tránsito, otra vinculada a concesiones condicionadas para operar el sistema de VTV, y una tercera referida a contratos millonarios sin respaldo legal para el uso de radares de velocidad. D’Onofrio renunció al cargo el 30 de diciembre, cuando el escándalo ya era inocultable.
Maniobras de recaudación y desvío de fondos públicos
De acuerdo con el expediente, desde comienzos de 2022 comenzó a funcionar una operatoria dentro del Ministerio de Transporte bonaerense por la cual gestores ofrecían rebajas del 50% en las multas a cambio de pagos informales. Esa red contaba con la complicidad de funcionarios del área y de jueces de faltas.
Uno de los apuntados es Mario Quattrocchi, titular del juzgado de Faltas de La Plata, a quien la Justicia le detectó numerosos viajes al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo. Ambos, cercanos a D’Onofrio, estarían vinculados a emprendimientos gastronómicos en España. La hipótesis fue confirmada por un informe proveniente del exterior.
La segunda línea de irregularidades gira en torno a las concesiones de la VTV, otorgadas a empresas bajo la condición de contratar a una firma intermediaria con presunta vinculación con funcionarios del ministerio. Esa empresa —encargada de asignar turnos— cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada operación, según determinó la fiscalía.
En paralelo, el Ministerio de Transporte bajo la gestión de D’Onofrio también contrató a CECAITRA, una asociación civil que gestiona radares y que, según la causa, habría facturado sin respaldo administrativo válido. Un relevamiento oficial reveló que al menos 155 cinemómetros operaban sin la correspondiente autorización legal en municipios como La Matanza, Tigre, Moreno y Campana.
Qué delitos investiga la Justicia
La imputación que firmó Garganta incluye los delitos de fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, cohecho, asociación ilícita y exacciones ilegales. En el caso de D’Onofrio, se lo acusó como partícipe necesario en la mayoría de las maniobras y como autor directo de las relacionadas a la VTV.
El listado de imputados incluye a Sebastián Desio, titular de la empresa intermediaria; a Pablo Sanguinetti y Tomás Uthurriague, exfuncionarios clave del Ministerio; y a varios empresarios vinculados a las concesiones de la VTV. También se suman empleados judiciales y el presidente de CECAITRA, Bernardino García, cuyo teléfono se secuestró durante un allanamiento.
Una segunda causa por lavado de dinero
En simultáneo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lleva adelante otra investigación sobre presunto lavado de activos que también involucra a D’Onofrio y su entorno. En ese marco, se realizaron allanamientos en una financiera del microcentro porteño donde se incautaron más de $60 millones, 254 mil dólares y divisas extranjeras.
Entre las medidas ordenadas figura la intervención sobre una empresa de telepeaje y otra que habría financiado la compra de un vehículo de lujo para un exfuncionario. Además, se allanó una peluquería en Pilar atribuida a la concejal Pombo, uno de los epicentros de la pesquisa.
Ambas investigaciones avanzan con un seguimiento exhaustivo sobre el patrimonio de los imputados. Y podrían confluir en un megacaso de corrupción que golpea de lleno al corazón de la administración anterior en la provincia.
