El diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, calificó como «muy positiva» la sesión legislativa del martes, en la que se aprobó la creación de una Comisión Investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra y la interpelación de funcionarios del Gobierno. Además, se dio luz verde a la declaración de emergencia en discapacidad, un tema que el legislador considera prioritario.
El caso $Libra y la interpelación a funcionarios
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la conformación de la Comisión Investigadora para esclarecer el impacto del criptogate, un esquema que, según Arroyo, no habría sido posible sin la promoción del presidente Javier Milei.
«Estamos hablando de una criptomoneda que solo pudo derivar en una estafa por un tuit del Presidente. Se generó un fraude de casi 300 millones de dólares, donde un grupo reducido de personas controlaba el 87% de los tokens y, en pocas horas, su valor pasó de 0,0001 a 5,02 dólares. Luego se retiraron con las ganancias, dejando a miles de damnificados», explicó el diputado a El Intransigente.
Además, Daniel Arroyo criticó el silencio del Gobierno ante lo sucedido y enfatizó la necesidad de que Guillermo Francos (jefe de Gabinete), Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Luis Caputo (ministro de Economía) comparezcan ante el Congreso.
«Los funcionarios tienen que venir a dar explicaciones. Es inadmisible que en un país con especialistas en criptomonedas, el Presidente haya promovido a los más truchos del sector y haya terminado en esta situación», disparó.
Emergencia en discapacidad: un avance clave
Otro de los logros destacados por Daniel Arroyo fue la aprobación de la emergencia en discapacidad, una problemática que afecta a miles de personas que dependen de prestaciones que actualmente no están garantizadas.
«Soy el autor del emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, que no se reunía nunca. Gracias a esta sesión, el 23 de abril se convocará a las comisiones de Presupuesto, Discapacidad, Acción Social y Salud para dictaminar la emergencia. No podemos permitir que personas con discapacidad sigan sin recibir la asistencia que necesitan», afirmó.
El legislador también cuestionó la falta de actualización de los ingresos de quienes trabajan en el área:
«Hoy, alguien que trabaja cuatro horas en un taller protegido cobra 28 mil pesos por mes. Es un monto totalmente fuera de la realidad. Hay un agotamiento por parte de los bloques dialoguistas, porque esto no es un tema partidario, es una cuestión de derechos básicos».
Con un Congreso cada vez más dividido, la sesión dejó en evidencia las crecientes tensiones entre el oficialismo y la oposición. Mientras tanto, las miradas estarán puestas en la interpelación de los ministros y el avance de la investigación sobre el criptogate, un escándalo que promete seguir dando de qué hablar.
