La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados. Según reveló este viernes The Washington Post, el Gobierno estadounidense incluyó a más de 6.000 migrantes —en su mayoría de origen latinoamericano— en el registro oficial de personas fallecidas, una base de datos utilizada para controlar el acceso al empleo formal y a los beneficios sociales.
La medida fue impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y tiene como objetivo ejercer presión para que los indocumentados abandonen el país. Así lo confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca al diario norteamericano.
Una maniobra para alentar “autodeportaciones”
Según fuentes oficiales citadas por el Post, el nuevo criterio se basa en dos memorandos firmados esta semana que autorizan a la Administración del Seguro Social a catalogar como “muertas” a personas vivas por razones de seguridad nacional. La lista apunta a migrantes que ya no tienen estatus legal o que ingresaron bajo programas de la era Biden ya caducados.
El gobierno de Trump no ocultó sus intenciones. “Al eliminar el incentivo monetario para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”, afirmó Elizabeth Huston, vocera de la Casa Blanca.
En paralelo, la medida busca clausurar las vías de acceso a trabajos formales, beneficios sociales o cualquier trámite que dependa del número de Seguridad Social, una herramienta que podría convertirse en un arma silenciosa contra decenas de miles de personas.
Base de datos bajo sospecha
De acuerdo con The Washington Post, se trata de una política sin precedentes. Algunos funcionarios del propio Seguro Social pusieron reparos sobre su legalidad, al advertir que asignar el estatus de fallecido a personas vivas viola las leyes de privacidad y abre la puerta a demandas judiciales.
En los registros internos del Gobierno, además, constan planes para ampliar la medida a más de 92.000 migrantes con antecedentes penales o vinculaciones con investigaciones federales. Entre los posibles afectados figuran personas que figuran en la lista de vigilancia del FBI.
Un giro radical en la política migratoria
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump dejó en claro que la inmigración será uno de los ejes de su mandato. Además de esta nueva estrategia de invisibilización administrativa, el magnate republicano ya avanzó con la revocación de permisos emitidos durante la administración Biden, el cierre de canales de regularización, y el diseño de una aplicación móvil que facilita solicitudes de deportación voluntaria.
A esto se suma una polémica cooperación con el gobierno de El Salvador, donde se enviaron personas detenidas por presunta vinculación con el crimen organizado, alojándolas en cárceles de máxima seguridad. Organismos de derechos humanos han comenzado a monitorear el caso por posibles violaciones a tratados internacionales.
Para el trumpismo, la fórmula parece clara: menos permisos, menos acceso, y más presión para que los migrantes se vayan por su cuenta. La estrategia, sin embargo, podría escalar a nivel judicial y diplomático, especialmente si se confirman los datos sobre la manipulación deliberada del registro de fallecidos para fines políticos.
