El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció que es víctima de una «persecución política» de parte del Gobierno, luego de que la el juez Casanello elevara la causa que lo acusa de estafa, extorsión y fraude al Estado. Se trata del caso sobre los planes Potenciar Trabajo, con los cuales los dirigentes sociales ganaron dinero de manera irregular al cobrarle un porcentaje del haber a los beneficiarios, más los descuentos que les aplicaban por no ir a las manifestaciones.
Teniendo en cuenta esta elevación a juicio oral de parte de la Justicia, el propio dirigente social disparó: «Casanello elevo a juicio una causa escandalosamente fraudulenta. Proceso irregular, ilegal y violatorio de derecho de defensa persecución política descarada impulsada por Milei Bullrich y Pettovello vamos a juicio a demostrar nuestra inocencia y presentar las pruebas que él nos negó», aseguró.
En otra publicación de X, que conforma un hilo con el escrito anterior, Eduardo Belliboni reveló que la Justicia «no aceptó nuestros testigos, (llevamos más de 200) pruebas físicas, maquinarias, 54 construcciones, comedores y SUMs ni peritos de parte, ni ampliaciones de indagatoria. Todo para impulsar la campaña electoral del Milei. La persecución al movimiento piquetero político de Estado», cerró.
Eduardo Belliboni a juicio oral
En la mañana del miércoles 9 de abril, el juez dio lugar al pedido de la fiscalía de elevar a juicio oral a Eduardo Belliboni y otros dirigentes sociales. Sostiene que el líder sindical, entre junio de 2020 y marzo de 2024, montó una «una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica». En la investigación afirman que tenían el manejo de 65.000 planes sociales, a los cuales les sustraían una parte del dinero público para mantener al Polo Obrero y les quitaban dinero en caso de no asistir a las marchas organizadas por el espacio.
En los allanamientos realizados la Justicia encontró papeles y mensajes que comprueban que el Polo Obrero tenía un sistema de control que permitía identificar quiénes asistían a las manifestaciones y quienes se ausentaban. En base a eso le otorgaban más o menos dinero del plan Potenciar Trabajo, lo que es considerado una coacción y extorsión sobre los beneficiarios, por lo general personas en situación de vulnerabilidad que dependían de Belliboni para cobrar la asignación.
Además, encontraron que el Polo Obrero clasificaba a las personas como «beneficiarios especiales, comunes o en lista de espera». Los del primer grupo percibían hasta el doble de un Potenciar Trabajo por su asistencia y puntualidad a todas las marchas, más otras actividades que debían cumplir. Los del escalón del medio, percibían lo asignado menos lo que les quitaban para la mantención de la agrupación y quienes estaban en lista de espera eran personas que todavía debían cumplir requisitos (asistencia, tareas, ayudas o participación) si querían cobrar el programa social.
Casanello elevo a juicio una causa escasalosamente fraudulenta.
— eduardo belliboni (@EBelliboni) April 9, 2025
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