El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue enviado a juicio oral por extorsionar a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y defraudar al Estado. Precisamente se lo acusa de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión «sobre miles de personas» que debían percibir fondos estatales.
Después del pedido de la fiscalía, el juez federal Sebastián Casanello cerró la investigación y elevó a juicio oral al dirigente social, a quien definieron como el líder de esta «estructura criminal» por encima de Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma en el ámbito nacional. En el plano de la Ciudad de Buenos Aires participaban también María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez
La acusación contra Eduardo Belliboni
La fiscalía sostiene que el líder sindical, entre junio de 2020 y marzo de 2024, montó una «una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica». En la investigación afirman que tenían el manejo de 65.000 planes sociales, a los cuales les sustraían una parte del dinero público para mantener al Polo Obrero y les quitaban dinero en caso de no asistir a las marchas organizadas por el espacio.
El dictamen señaló que esa maniobra «les permitió obtener importantes sumas de dinero, siendo que la recaudación esperada solamente para el período comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos«. También indicaron que a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, el Polo Obrero recibió fondos para proyectos de formación laboral de personas que fueron desviados en «beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada».
Así recaudaba Belliboni el dinero de los planes sociales
Tras una serie de allanamientos e investigaciones, encontraron que el Polo Obrero tenía un sistema de control que permitía identificar quiénes asistieron y quiénes faltaron a las marchas. En base a esto, les otorgaban más o menos dinero, mientras que había personas que recibían casi el doble de la asignación si cumplían con una serie de tareas demandadas por Eduardo Belliboni u otro dirigente de alto rango.
Junto con los listados de asistencia, en distintos domicilios allanados la Justicia encontró documentos que detallaban sanciones aplicadas a quienes no participaban de las marchas. Entre las penalidades registradas, se mencionan descuentos en el dinero recibido por los beneficiarios del Potenciar Trabajo, lo que refuerza la hipótesis de que existía un mecanismo de coacción para garantizar la presencia en las movilizaciones.
Además, uno de los papeles encontrados detalla que quienes tenían varias inasistencias podían ser desplazados de la organización, por lo que no cobrarían más el plan Potenciar Trabajo o que les reducirían la ayuda económica otorgada por medio del Polo Obrero. Esto sirvió como prueba para demostrar que había un sistema extorsivo que estaba institucionalizado dentro de la estructura de la agrupación.
Por último, los fiscales incorporaron correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en la que los referentes del Polo Obrero daban instrucciones sobre cómo actuar en las movilizaciones. Estos intercambios dejan en claro que la asistencia era obligatoria y que su incumplimiento exponía a los beneficiarios a sanciones, según informó TN.
Los vulnerables categorizados
A su vez, Eduardo Belliboni y su organización «clasificaban» a los beneficiarios de los planes sociales, según consta en el expediente. En lo más alto están los «beneficiarios especiales», quienes recibían hasta el doble de la prestación a cambio de asistencia y puntualidad a las movilizaciones y otras tareas, como trabajos comunitarios o difundir las bases del Polo Obrero.
Por debajo se encontraban los «beneficiarios comunes», que percibían la prestación social y, a cambio, se les exigía una parte del subsidio y su asistencia a las movilizaciones. Esa parte del subsidio era girada hacia las cuentas del Polo Obrero u otras agrupaciones que hacían facturas apócrifas.
En lo más bajo de la clasificación estaban las personas en «lista de espera», quienes debían cumplir con cierta cantidad de movilizaciones o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo o a los alimentos provistos por los comedores.
Según la fiscalía, Belliboni y su grupo «negó el acceso a la comida que el Estado repartía y degradó o dio de baja del Programa Potenciar Trabajo a personas carenciadas que no cumplían con sus exigencias ilícitas». De esta manera, detectaron extorsión y coacción alrededor de los planes sociales con giros de dinero hacia la central del Polo Obrero, la «Regional» y la asamblea de la agrupación.
