Los datos oficiales del sistema previsional argentino revelan una realidad poco visible pero profundamente estructural: más de la mitad de los jubilados que accedieron al beneficio sin recurrir a moratorias cobra menos de dos haberes mínimos. Es decir, personas que trabajaron y aportaron durante más de 30 años hoy no llegan a cubrir el equivalente a $519.198 mensuales.
A diciembre de 2024, según los registros de la Seguridad Social, un total de 2.239.007 jubilados y pensionados se encuentran en esa categoría. De ellos, solo 1.185.401 superan los dos haberes mínimos. El resto, 1.053.606 personas, percibe por debajo de ese umbral, y 442.831 directamente cobran el haber mínimo ($259.599), más el bono de $70.000, pero sin el plus del 82% móvil, que quedó desactualizado frente a la inflación.
Una estructura desequilibrada
La mayor parte de los jubilados sin moratoria se encuentra en una zona intermedia, con ingresos apenas por encima del haber básico. Son 555.351 los que cobran entre uno y dos haberes mínimos, mientras que apenas 55.424 llegan a los dos haberes exactos. En la práctica, eso significa que incluso entre quienes cumplieron con todos los requisitos del sistema, la mayoría apenas logra subsistir.
A pesar de percibir ingresos superiores a los jubilados por moratoria —cuyo haber promedio es de $366.317—, estos beneficiarios enfrentan un escenario igualmente complejo: una jubilación que difícilmente permite cubrir los gastos mensuales, en un contexto de inflación acumulada y pérdida del poder adquisitivo a lo largo de los años.
La situación se agrava al observar que el salario promedio de los trabajadores en relación de dependencia con aportes era, en el mismo mes de diciembre, de $1.648.828. En ese marco, la distancia entre actividad y pasividad sigue siendo abismal.
Por qué se cobra tan poco tras décadas de aportes
La fórmula de cálculo para la jubilación inicial explica parte del problema. El haber se determina aplicando un 1,5% del sueldo promedio de los últimos 10 años por cada año aportado, más una suma fija (PBU), que en diciembre era de $118.755. Con un sueldo promedio de $1.000.000 y 30 años de aportes, el resultado apenas alcanza los $568.755, lo que representa un 57% del salario promedio.
Este desfase evidencia no solo el deterioro salarial en años anteriores, sino también la rigidez de un sistema previsional que arrastra décadas de parches y privilegios. Los sectores vinculados al Gobierno advierten que las jubilaciones de aquellos que cumplieron con sus aportes no deberían verse igualadas o superadas por jubilaciones de privilegio o beneficios adquiridos sin aportes equivalentes.
Rentas especiales, foco de críticas
Mientras tanto, jubilaciones con haberes más altos —como las de docentes, investigadores o trabajadores con regímenes especiales— se explican no por beneficios “extra” sino por un esquema paralelo. En esos casos, los aportes son del 13% en lugar del 11%, y el haber inicial equivale al 82% del sueldo. Por eso, desde algunos sectores oficialistas se plantea revisar esos regímenes para que se integren al sistema general, eliminando excepciones que distorsionan la equidad previsional.
La eventual eliminación de estos regímenes representaría una fuerte reducción en las jubilaciones futuras de esos sectores, pero también podría fortalecer la sustentabilidad general del sistema. La discusión no es solo técnica, sino profundamente política.
Brechas por regiones
La disparidad previsional también se expresa territorialmente. Mientras que el haber promedio nacional entre los jubilados sin moratoria es de $755.959, en la Ciudad de Buenos Aires asciende a $901.709, y en la provincia de Buenos Aires baja a $649.277. En las provincias patagónicas, por el adicional por zona desfavorable, el promedio supera el millón de pesos.
Esa heterogeneidad refleja no solo el tipo de empleo y aporte registrado en cada región, sino también el costo de vida dispar y el impacto que tiene el haber previsional sobre la calidad de vida de los adultos mayores.
La política previsional en debate
El Gobierno de Javier Milei, que heredó un sistema previsional fragmentado y desigual, enfrenta el desafío de sincerar las distorsiones acumuladas. Desde el entorno de Luis Caputo y del Ministerio de Capital Humano reconocen que el ordenamiento del sistema debe ir más allá del control del gasto: también requiere revisar beneficios injustificados y mejorar la situación de quienes cumplieron con todas las reglas.
En ese sentido, la reciente actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó muy por debajo de la inflación y afecta de forma directa a quienes deberían recibir el plus del 82%. Ese componente adicional, en la práctica, desapareció como herramienta de mejora real del haber mínimo.
