El Gobierno definió que a partir de mayo las tarifas de luz y gas tendrán una suba promedio del 2,5%, muy por debajo de la inflación, en el marco de una estrategia orientada a consolidar la desaceleración de precios sin descuidar el equilibrio macroeconómico. La medida fue complementada con la postergación de la actualización de impuestos a los combustibles, lo que permitió a YPF anunciar una baja del 4% en sus precios desde el 1 de mayo.
Ambas decisiones se inscriben en una hoja de ruta trazada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tras dos meses consecutivos de inflación por encima del 3%. La intención es contener los precios al consumidor, sin retroceder en el reordenamiento tarifario y fiscal que el Gobierno considera imprescindible para estabilizar la economía.
En ese marco, se resolvió mantener congelados también los boletos de colectivos y trenes en el área metropolitana bajo jurisdicción nacional, que no registran aumentos desde agosto de 2024.
Revisión tarifaria y nuevos mecanismos de actualización
La Secretaría de Energía concluyó la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que abarca los servicios de transporte y distribución de gas natural y electricidad. De esta revisión surgirá un nuevo esquema tarifario para los próximos cinco años, incluyendo los compromisos de inversión exigidos a las empresas prestadoras.
Fuentes oficiales precisaron que el nuevo esquema incluirá ajustes mensuales, que se definirán mediante una fórmula que combine los índices de inflación mayorista y minorista relevados por el Indec. Si bien los detalles aún no fueron publicados, se espera que se oficialicen mediante resoluciones en el Boletín Oficial en las próximas horas.
La política tarifaria sigue un criterio de gradualismo: se aplicarán los ajustes pendientes en cuotas, para evitar un impacto negativo en los usuarios y garantizar previsibilidad al sector.
Postergación del impuesto a los combustibles
En paralelo, el Ejecutivo resolvió aplazar nuevamente la suba del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), lo que tiene un alto costo fiscal pero un impacto directo en la estabilización de precios. Según estimaciones privadas, la medida implica un esfuerzo de más de USD 200 millones mensuales para el Tesoro, pero evita aumentos automáticos en los surtidores.
Desde la Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, indicaron que “la postergación responde a la decisión del ministro Caputo de consolidar la desinflación y priorizar el bolsillo de los argentinos”. En ese sentido, destacaron que “YPF pudo bajar sus precios en un 4%, lo que representa una señal importante de alivio al consumidor”.
El transporte y las jurisdicciones locales
Mientras la administración nacional mantiene estables los pasajes en las líneas de colectivos bajo su control, en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires se aplicarán aumentos en mayo: 5,7% en CABA y 5,9% en territorio bonaerense. Desde el Gobierno nacional evitaron involucrarse en esas decisiones y recordaron que se trata de competencias exclusivas de las administraciones de Jorge Macri y Axel Kicillof.
Sin embargo, en los despachos de Casa Rosada no ocultaron malestar. “Ajustan tarifas para mejorar su caja fiscal, pero el costo lo paga la gente y encima parece que la culpa es nuestra”, deslizó un funcionario cercano al Presidente.