El próximo jueves 10 de abril la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un paro general en contra del Gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza tiene mucho apoyo de parte de varios sindicatos, incluido el de colectivos (UTA) y trenes La Fraternidad. Sin embargo, desde la administración libertaria confían en que podrán desarticular al gremio de Roberto Fernández para que haya transporte público la próxima semana.
En este marco, desde el Gobierno le dejaron en claro a Fernández, de la UTA, que tiene varios motivos para no adherirse al paro. Por un lado, les recordaron que todavía está en vigencia la conciliación obligatoria que inició la semana pasada por no haber logrado un acuerdo salarial. En caso de no cumplir con esto se exponen a fuertes sanciones económicas y hasta una eventual pérdida de la personería gremial.
En otro lado, desde LLA recuerdan que Fernández lleva años alejado de la vida interna de la CGT por una pelea interna con los Moyano. De esta manera, no estaría dispuesto a confrontar al Gobierno en favor de alguien con quien no tiene relación, más teniendo en cuenta que Nación le otorga subsidios millonarios a los colectivos de la UTA para que circulen por el AMBA, lo que podría ser perjudicial a futuro si van en la misma línea que la CGT.
«Ellos saben que tienen que cumplir la conciliación obligatoria. No es el Gobierno sino la propia ley la que impone sanciones graves frente a cualquier otra posición», indicaron fuentes cercanas a Julio Cordero, secretario de Trabajo encargado de llevar adelante las negociaciones con el gremio de los colectivos, según informó La Nación.
Paro con colectivos
El pasado 27 de marzo, el Gobierno dictó conciliación obligatoria y así bloqueó cualquier tipo de paro de la UTA por quince días. En ese momento, el gremio pidió actualizar el sueldo básico bruto que es de 1,2 millones de pesos para los choferes. Consideran que este monto quedó atrasado y si bien en Casa Rosada están dispuestos a actualizarlo, no quieren que supere el 1,5%.
A su vez, las empresas sostienen que no cuentan con recursos para otorgar mejoras salariales. Además del reclamo salarial, las empresas insisten en la necesidad de actualizar las tarifas y renovar las unidades. Argumentan que la antigüedad de los colectivos no debería superar los 10 años y reclaman la instalación de cámaras de seguridad y del sistema ADAS para reducir accidentes.
La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del transporte automotor. pic.twitter.com/gvVpQ7I6zq
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 27, 2025
