La renuncia «indeclinable» del juez Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia provocó un profundo malestar en el Gobierno nacional. La administración de Javier Milei interpretó la decisión del académico como una nueva muestra del bloqueo político que, según sostienen, enfrenta desde el comienzo de su gestión.
García-Mansilla había sido propuesto por el Ejecutivo mediante un decreto presidencial, pero su nombramiento fue rechazado en la Cámara de Senadores. Ante esta situación, el jurista presentó su dimisión al presidente Milei, quien aún debe formalizar su aceptación. Desde la Casa Rosada calificaron su salida como «una gran pérdida» y afirmaron que «configura un gran daño» para la Corte.
Según fuentes oficiales informaron a Noticias Argentinas, la decisión del abogado se inscribe en un clima de obstrucción institucional impulsado por la dirigencia opositora. En ese marco, consideraron que «la política» ha sido responsable de entorpecer los intentos del oficialismo por completar el máximo tribunal, que actualmente cuenta con solo tres jueces.
La Corte con tres miembros no convence al oficialismo
Tras la renuncia de García-Mansilla, la Corte Suprema queda compuesta únicamente por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Esta conformación resulta insuficiente para el Gobierno, que considera que el tribunal se encuentra «trabado» desde hace al menos seis meses. El motivo, afirman, es la necesidad de alcanzar una mayoría de tres votos para emitir fallos, lo que hoy no estaría garantizado.
El malestar se profundizó luego de que el juez Alejo Ramos Padilla decidiera inhabilitar a García-Mansilla para ejercer funciones judiciales y administrativas durante tres meses. Como respuesta, el Ejecutivo recurrió a un per saltum, buscando una resolución directa de la Corte Suprema, aunque ahora esa posibilidad también queda limitada.
En Balcarce 50 aseguran que, si bien tienen la potestad de enviar nuevos pliegos para cubrir las vacantes, no lo harán en el corto plazo. Reconocen que barajaron nombres como los de Ricardo Rojas y el propio García-Mansilla, a quien consideran un «talibán liberal», pero descartan avanzar con esas propuestas ante la proximidad de las elecciones legislativas.
«Perder no es una derrota», sostienen en el entorno presidencial
Pese al rechazo en el Senado, el Gobierno insiste en que su accionar fue correcto. «Hicimos un gesto al enviar a Lijo, que era del visto bueno de la mitad del Senado, y aún así lo rechazaron», explicaron voceros libertarios. En ese sentido, aseguran haber hecho «todo lo que estaba a su alcance» y sostienen que la negativa no representa una derrota política.
«Se pierden algunas batallas y se ganan otras. No hay debilidad», manifestaron. También remarcaron que el enfoque presidencial se mantiene firme en los principios de «revelación», entendidos como acciones que buscan exponer las estructuras del poder político tradicional.
El Gobierno, de momento, optará por no enviar nuevos candidatos a la Corte Suprema. Sin embargo, no descartan retomar la estrategia una vez superado el proceso electoral. Mientras tanto, la estructura del máximo tribunal seguirá operando con tres integrantes, una situación que para el oficialismo pone en riesgo el funcionamiento pleno de la Justicia.
