Como parte de su programa de reformas, el Gobierno Nacional buscará sancionar en el Congreso de la Nación su reforma laboral, la cual negociará previamente con la Confederación General del Trabajo (CGT). El Poder Ejecutivo intentará tender puentes con la principal central sindical del país para en los próximos meses enviar a las Cámaras legislativas el proyecto.
El Gobierno daría prioridad a esta reforma por sobre la impositiva y provisional, dos de las condiciones que estableció el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último programa firmado. Desde el Gobierno consideraron que «no tenía sentido avanzar con estas reformas si antes no se trabajaba sobre el régimen laboral«. Según indicaron funcionarios a TN, la reforma tendría por objetivo «reducir la participación del Estado en los acuerdos entre privados» en la Ley de Contratos del Trabajo (20.744).
A pesar del paro general del 10 de abril, el Ejecutivo mantiene una «tregua» con la CGT, lo que le podría permitirles negociar más fácilmente con la central sindical. TN indicó que una de las reformas podría eliminar la homologación de paritarias por parte del Estado en las negociaciones entre empleados y empresas.
Uno de los puntos que pondría a prueba la relación entre el Gobierno y la CGT sería un cambio a la cuota solidaria de los sindicatos, volviendo esta optativa, lo que impactaría en la recaudación de los gremios; así como la obligatoriedad de elecciones sindicales periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral.
Las modificaciones ya reglamentadas
Con estas reformas, el Gobierno buscaría nuevamente intentar limitar el accionar de los sindicatos. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 en 2024, el Ejecutivo comenzó a trabajar en las modificaciones al régimen laboral. A lo largo de 2024, al oficialismo le aprobaron los proyectos que avanzaron en pos a esta reforma, entre los que se destacan la ampliación del periodo de pruebas, llevado a ocho meses; la eliminación a las multas al trabajo mal registrado; y la creación del fondo de cese laboral optativo, entre otros.
Además, los legisladores y funcionarios de La Libertad Avanza plantearon otros proyectos que se espera sean debatidos de nuevo este año, como la declaración de la salud, transporte y educación como servicio esencial, lo que mitigaría su derecho a huelga; y la eliminación de los aportes no contributivos a los sindicatos. La gran concesión que realizó el Gobierno para evitar problemas con los sindicatos fue no reglamentar el artículo 90 de la Ley Bases, que habilitaba los despidos en casos de bloqueo a empresas y establecía que «la participación activa en este tipo de bloqueos o tomas constituían una grave injuria laboral y un objeto causal de extinción del contrato de trabajo».
