Aunque sus mandatos están vencidos, cuatro exauditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) continúan ejerciendo funciones en calidad de asesores, con oficinas activas, personal a cargo y sueldos que, según fuentes del organismo, rondarían los $8 millones mensuales. La situación, que se extiende desde principios de abril, se produjo tras la salida de seis de los siete integrantes del cuerpo colegiado, en medio de demoras del Congreso para nombrar nuevos representantes.
Los exauditores Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada —representantes del peronismo—, junto a Alejandro Nieva, de la UCR, integran ahora un consejo consultivo que asesora al actual presidente del organismo, Juan Manuel Olmos. La figura del consejo fue creada por una resolución interna aprobada en octubre de 2023, cuando la AGN aún estaba presidida por el radical Jesús Rodríguez. Según ese documento, la integración del consejo está abierta a quienes hayan ejercido el rol de auditores.
Olmos, único auditor en funciones desde el 5 de abril, avaló la puesta en marcha del consejo consultivo, que quedó presidido por Fernández, quien completó tres mandatos consecutivos en la AGN. La medida busca preservar el funcionamiento operativo del organismo, pese a que los informes técnicos producidos por las auditorías no pueden ser aprobados sin un quórum formal del colegio de auditores.
Una situación excepcional y sin precedentes
Desde el organismo explicaron que la conformación del consejo responde a una necesidad institucional ante la acefalía parcial. “Tenemos que garantizar que la AGN siga funcionando y que las auditorías programadas no se detengan. Nosotros estaremos para asesorar al presidente en lo que necesite: esa es nuestra tarea”, expresó Fernández.
Pese a esta estructura provisoria, la normativa vigente impide al presidente Olmos aprobar o rechazar los informes que emanen de la línea técnica, ya que ese procedimiento requiere la intervención del colegio de auditores en pleno. En consecuencia, aunque el trabajo administrativo continúa, los productos de control permanecen sin validación ni difusión.
Demoras en el Congreso y tensiones políticas
La falta de designaciones para cubrir las vacantes se explica por el estancamiento en las negociaciones entre bloques en ambas cámaras legislativas. La fragmentación del Congreso, los desacuerdos internos y la disputa por los lugares dentro de la AGN —especialmente por parte de sectores que buscan ampliar su representación, como La Libertad Avanza— dificultaron cualquier avance en la conformación del nuevo cuerpo colegiado.
Desde hace más de un año, la AGN viene funcionando de manera irregular. Durante 2024, operó con cuatro auditores debido al vencimiento de los mandatos de Jesús Rodríguez, Mihura Estrada y Forlón, representantes designados por la Cámara de Diputados. En abril de este año se sumaron las salidas de Fernández, Nieva y Graciela De la Rosa, esta última regresada a Formosa. Rodríguez es el único que decidió no sumarse al consejo consultivo: «No estoy ni estaré», habría expresado en reserva.
Presupuesto elevado y estructura activa
La AGN cuenta con un presupuesto anual superior a los $60.000 millones y emplea a cerca de 1.800 personas. Los cargos de auditor general se encuentran entre los mejor remunerados del sector público nacional, lo que también influye en la expectativa de varios exintegrantes del cuerpo por una eventual reelección.
La figura del consejo consultivo permite preservar la estructura administrativa, pero no reemplaza formalmente el funcionamiento colegiado. La continuidad de esta situación dependerá de la voluntad política del Congreso para avanzar en las designaciones pendientes.
