El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció la suspensión de los pagos a los organismos de Derechos Humanos que administraban el predio de la ex ESMA, alegando la falta de control sobre un fondo anual de $3.359.732.866 destinado a su mantenimiento. La decisión generó polémica y reacciones cruzadas en el ámbito político y social.
A través de su cuenta de X (ex Twitter), Cúneo Libarona afirmó: «Cortamos otra caja millonaria de Derechos Humanos». Además, denunció: «Solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes. Decidimos suspender todos los pagos hasta que no realicen las rendiciones de cuentas».
El anuncio se enmarca en la política del gobierno de Javier Milei de revisar y recortar subsidios y financiamiento estatal a organismos de Derechos Humanos, a los que considera parte de lo que denomina «la casta».
Sin embargo, la suspensión de estos fondos pone en riesgo el funcionamiento del Sitio de Memoria Ex-ESMA, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2023, donde se preserva la historia de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La suspensión de los pagos abre interrogantes sobre el futuro del sitio y su mantenimiento, ya que los fondos destinados a su funcionamiento quedaron en pausa hasta que se aclare la situación administrativa. Mientras tanto, se espera una reacción formal de los organismos afectados.
La pelea sin fin entre el Gobierno nacional y las organizaciones de derechos humanos
El conflicto reaviva la tensión entre el oficialismo y los organismos de Derechos Humanos, en un contexto donde el gobierno de Milei ha cuestionado reiteradamente el financiamiento estatal de políticas de memoria y ha puesto en duda la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Con esta medida, el Poder Ejecutivo profundiza su postura de recorte en el área y refuerza su narrativa contra lo que denomina como negocio de los derechos humanos.
