La Secretaría de Transporte notificó 117 telegramas de despido a trabajadores de Corredores Viales S.A y el Gobierno nacional lo justificó bajo supuestas acciones de huelga «extorsivas». A los empleados del peaje los representa el sindicato que lidera Facundo Moyano.
Según funcionarios gubernamentales, los empleados despedidos formaban parte de un grupo de 2.500 trabajadores que participaron en cuatro días consecutivos de protestas organizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA). La administración afirmó que estas acciones resultaron en importantes interrupciones operativas y causaron al Estado Nacional pérdidas que exceden los 2.500 millones de pesos.
El conflicto laboral se originó a partir de las demandas de SUTPA con respecto a la situación laboral de aproximadamente 500 trabajadores privados pertenecientes a la empresa Caminos del Río Uruguay, cuyo contrato de concesión expiró en 2014. Fuentes gubernamentales indicaron a la agencia NA que «el sindicato pretendía que el Estado Nacional contrate o indemnice a 500 personas que son responsabilidad de una empresa privada», describiendo esto como una demanda irrazonable que estaba fuera de las obligaciones del gobierno.
El comunicado de la Secretaría de Transporte caracterizó las acciones del sindicato como «ilegales e ilegítimas», sugiriendo que las protestas representaban un intento de presionar al gobierno por medios inapropiados. También criticaron al sindicato por no proporcionar aviso previo a la autoridad de aplicación según lo requiere la Ley 14.786.
Las protestas del sindicato de peajes que despertó la furia del Gobierno nacional
Las recientes acciones de protesta incluyeron el levantamiento de barreras de peaje y la obstrucción del paso en importantes autopistas, causando demoras significativas para los usuarios y afectando los sistemas de cobro tanto manuales como electrónicos. El gobierno afirmó que estas acciones impidieron la recaudación de más de 700 millones de pesos diarios, «necesarios para el sostenimiento del sistema sin la necesidad de recibir aportes del estado». Las protestas impactaron particularmente la Autopista Riccheri en dirección a la provincia de Buenos Aires, creando un caos de tráfico y complicaciones en la zona de Tapiales durante las horas pico para el movimiento de camiones hacia y desde el Mercado Central.
En respuesta a la situación, el Estado nacional ha advertido que continuará implementando medidas disciplinarias contra los trabajadores que participen en «acciones extorsivas y desproporcionadas», incluyendo descuentos de días y horas de trabajo, pérdida del presentismo y despidos adicionales.
El comunicado del gobierno enfatizó que «el Estado Nacional no va a tolerar extorsiones de ningún tipo por parte de la casta sindical», utilizando el término característico del presidente Milei «casta» para referirse a lo que considera estructuras de poder arraigadas que se resisten a su agenda de reformas.
En anticipación a futuros conflictos laborales, los funcionarios indicaron que están trabajando con las fuerzas de seguridad para desarrollar protocolos que impedirían los cortes de rutas y «garantizar la libertad en la circulación de todos los argentinos». Mientras tanto, SUTPA ha expresado «preocupación» por los rumores continuos de despidos adicionales en los 10 tramos que componen la Concesionaria Vial, incluyendo a los 500 empleados de Caminos del Río Uruguay cuya concesión ha vencido.
