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POLÍTICA

Imputan a Sandra Pettovello por delitos en la compra de alimentos por 14.000 millones de pesos

La ministra será investigada por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Sandra Pettovello

El fiscal federal Franco Picardo imputó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en una denuncia por supuestos delitos con una millonaria transferencia de dinero para la compra de alimentos en el marco de un plan de lucha contra el hambre. La denuncia había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo.

El denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. De esta manera, el fiscal impuso la investigación y solicitó medidas de prueba a raíz de la denuncia radicada contra Sandra Pettovello, quien habría firmado una resolución para transferir 14.000 millones de pesos al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado.

La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia. Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.

Qué dice la denuncia contra Sandra Pettovello

La presentación del abogado Martínez Herrero, indica que «Pettovello autorizó sólo con su firma la transferencia de 14 mil millones de pesos al Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre». Este dinero iba a ser destinado para la compra de un millón de paquetes de leche en polvo entera fortificada de un kilo, un millón de paquetes de arroz blanco o pulido de grano largo fino calidad 0000 de un kilo y un millón de paquetes de fideos secos de sémola de medio kilo.

Sobre la dicha mencionada, «el Programa PNUD implicaba para el Estado un costo de gestión del 3%, o sea 420 millones de pesos, que ya se pagaron«, señaló el letrado. «El dinero se transfirió, pero el proceso licitatorio no terminó ni continúa, es decir que los alimentos no llegaron», remarca la presentación ante la Justicia que ahora será investigada.