El Gobierno de Javier Milei confirmó que no actualizará «por el momento» el bono de hasta $70.000 que cobran casi 5 millones de jubilados y pensionados. Así lo indica el Informe 142 del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enviado a la Cámara de Diputados. La decisión genera preocupación entre los sectores más vulnerables del sistema previsional, que ya vienen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación y la reciente devaluación (12%) tras la salida del cepo.
Este bono adicional lo perciben quienes cobran la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). También lo reciben, de forma decreciente, quienes tienen haberes apenas por encima de la mínima, hasta alcanzar el tope del haber mínimo más el bono. El monto, congelado en $70.000 desde marzo 2024, no se incluye en el cálculo del aguinaldo.
Si se hubiera ajustado según la inflación, el bono debería rondar los $150.000 en abril. Sin embargo, el Gobierno optó por mantenerlo sin cambios, lo que afecta directamente a millones de adultos mayores. En lo que va de 2025, las jubilaciones acumulan un incremento del 10,1%, pero con el bono congelado, el haber mínimo solo subió 7,9%; la PUAM, 7,6%; y las PNC, 7,3%.
Esta brecha también se repitió en 2024, cuando los aumentos para este segmento fueron inferiores al índice de precios. El año pasado, con el bono incluido, la jubilación mínima subió 105,1%, la PUAM 99% y las PNC 95,1%. Sin embargo, la inflación oficial fue del 117,8%, lo que se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de entre el 5,8% y el 10,4%.
La trampa del Gobierno para medir la inflación y que terminó perjudicando a los jubilados
Ese retroceso supera incluso los niveles registrados durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. A esto se suma la eliminación del reintegro del IVA en compras con tarjeta de débito de la ANSES, que representaba un pequeño alivio mensual para muchos jubilados.
El propio informe de Francos admite que el índice de inflación oficial está desactualizado, ya que se calcula con ponderaciones de consumo que provienen de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) 2004-2005, con una base de precios de 2016. Esa metodología ya no refleja el consumo real de las familias argentinas.
Si se aplicara la última ENGHO 2017/2018 con base 2023, la inflación de 2024 habría sido de 133,6%, lo que agrava aún más el deterioro del poder de compra de los haberes jubilatorios. En ese contexto, la falta de actualización del bono representa una decisión política que profundiza el ajuste sobre los sectores más postergados.
