La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires resolvió reabrir una causa judicial contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, por presuntos delitos cometidos durante su permanencia en Argentina bajo asilo político. La decisión fue firmada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes consideraron que los hechos denunciados deben ser investigados a fondo.
La denuncia original fue impulsada por Yamil Santoro, el abogado Ignacio Falcón y el jefe de asuntos legales de la Fundación Apolo, José Magioncalda. Los denunciantes aseguran que Morales habría convivido con menores de edad trasladadas desde Bolivia en situación de vulnerabilidad, quienes habrían sido utilizadas para realizar tareas domésticas y personales.
El fallo revocó una decisión previa del juez Sebastián Ramos, quien había archivado el expediente. Para los camaristas, esa medida fue “prematura” y no tuvo en cuenta elementos relevantes del caso. Subrayaron que “se trata de hechos relacionados con los delitos de trata de personas y abuso de menores presuntamente cometidos por un exmandatario de Bolivia en territorio nacional, en el contexto de su asilo político”.
Detalles del expediente y testimonios pendientes
Uno de los argumentos centrales de la Cámara es que la denuncia incluye datos concretos sobre el tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos. En ese sentido, los magistrados cuestionaron que la Justicia argentina no haya citado aún a Angélica Ponce, una testigo clave que declaró en Bolivia y cuyos aportes podrían ser fundamentales para esclarecer el caso.
Según el planteo de la Fundación Apolo, las menores habrían sido trasladadas a Argentina aprovechando la situación de privilegio del exmandatario, lo que, de confirmarse, configuraría un caso de trata de personas con fines de explotación. Los denunciantes también alertan sobre un presunto encubrimiento político que habría impedido el avance de la investigación hasta ahora.
El caso cobra especial relevancia por el rol que jugó el Estado argentino durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se le concedió el estatus de asilado político a Evo Morales. El 12 de diciembre de 2019, el entonces Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó el asilo, que también alcanzó a otros cuatro funcionarios de su gestión, entre ellos Álvaro García Linera y Gabriela Montaño.
Una semana más tarde, Morales obtuvo el estatus definitivo de refugiado. En entrevistas posteriores, el líder boliviano sostuvo que su salida del poder fue un “golpe de Estado” y agradeció al gobierno argentino por brindarle protección. “Me salvaron la vida”, dijo en aquel momento.
Lo que viene en la investigación
Con la reapertura de la causa, la Justicia argentina deberá avanzar con nuevas medidas de prueba. Entre ellas, se espera que se convoque a declarar a testigos como Ponce, y que se analicen los movimientos migratorios y vínculos del entorno del exmandatario durante su estadía en el país.
Los jueces federales remarcaron la gravedad de los hechos y advirtieron que no pueden quedar sin investigación. “El tenor de los sucesos denunciados amerita un tratamiento serio y exhaustivo”, afirmaron en el fallo.
