Tal como lo prometió, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023, éste impulsó una fuerte agenda de ajuste en la administración pública. Ello significó, entre otras cosas, un recorte a las plantas de trabajo de los ministerios, secretarías y otras dependencias nacionales. En este sentido, el Gobierno despidió durante sus primeros 14 meses a 42.034 empleados.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, oficializó la cifra. Aseguró que con este recorte, el Estado ahorraría aproximadamente US$ 1.635 millones anuales. La cifra de despedidos y retirados representa una reducción del 8,4% del personal de la administración pública, siendo uno de los ajustes a la estructura administrativa más profundos de las últimas décadas.
En el informe del Ministerio de Desregulación se detalló que los recortes se realizaron en tres áreas. Éstas son: Administración Pública Nacional (APN), empresas estatales y personal militar y de seguridad; siendo la APN donde se concentraron la mayoría de las bajas. En total, la APN perdió un 11,8% de su planta de trabajo. Mientras que las empresas un 15%, y el personal de defensa y seguridad tuvieron un menor volumen de bajas.
Entre los datos brindados también se explica que las desvinculaciones alcanzaron todas las modalidades de contratación. El personal que servía bajo el régimen LOYS, de monotributistas regulados por el Decreto 1109/207, se redujo un 50,7%. Le siguen los trabajadores bajo la Ley Macro (Ley 25.164), que bajaron un 18,6%. Por último, los empleados en planta permanente y transitoria, con el 6%.
Tomando en cuenta los salarios promedio de la APN, el ahorro que supondrían estas desvinculaciones alcanzarían los US$ 817,5 millones, que de tomarse en cuenta los gastos de funcionamiento administrativo, infraestructura, insumos y equipamiento, esta cifra se duplicaría y alcanzaría lo US$ 1.635 millones.
A pesar de las celebraciones del gobierno de Milei por el ahorro, desde las asociaciones sindicales advirtieron que este recorte impactaría negativamente en el funcionamiento de áreas clave de la administración pública, como salud, educación o técnica. Por otra parte, los sindicatos denunciaron que el Gobierno avanzó con las desvinculaciones sin realizar evaluaciones de desempeño ni revisión previas.
