Cinco años después del intento frustrado del gobierno de Alberto Fernández por rescatar Vicentin y preservar miles de empleos, la Justicia confirmó lo que muchos se negaban a ver: la cerealera quedó atrapada en un esquema de parálisis, desidia y deuda millonaria que empuja a la firma al borde de la quiebra. El juez Fabián Lorenzini dispuso la intervención del Directorio por 120 días hábiles, desplazó a sus autoridades y designó como interventores al contador Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg.
La medida fue motivada por la grave situación financiera y operativa de la empresa: una deuda posconcursal de más de $12.500 millones, plantas paralizadas, falta de mantenimiento, riesgo de incendios y una gestión que, según el juez, «naturaliza un escenario de parálisis societaria». Lorenzini también ordenó proteger servicios esenciales como gas, electricidad y seguridad, para evitar el colapso total.
En su resolución, el juez advirtió que la firma no generó contratos de trabajo, no impulsó inversiones ni mantuvo las plantas en condiciones básicas de funcionamiento. «No se gestionaron contrataciones de terceros; la estructura societaria ha decidido cerrar las instalaciones sin prever alternativas», señaló. Además, el Directorio evitó convocar a una Asamblea Extraordinaria para abordar la crisis, refugiándose en la pasividad y el silencio.
El fallo judicial deja en evidencia lo que el gobierno del Frente de Todos había advertido en 2020, cuando propuso una intervención estatal ante una deuda millonaria de Vicentin con el Banco Nación y una cadena de productores en jaque. En ese momento, la iniciativa fue demonizada desde sectores opositores y empresariales, y acusada de «estatismo». Hoy, la Justicia reconoce que la firma estaba en manos de una conducción irresponsable, que hundió aún más a la compañía y puso en riesgo miles de fuentes de trabajo.
El juez también valoró propuestas concretas para reactivar la actividad, como las de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias SA, que ofrecieron contratos de fasón y nuevas inversiones. Sin embargo, el Directorio de Vicentin no mostró interés en ninguna de esas alternativas. La Justicia, ante este escenario, resolvió intervenir para «preservar la empresa en crisis y su continuidad operativa y laboral».
Otro dato alarmante es que socios estratégicos como Bunge-Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas ya se retiraron del esquema de procesamiento en las plantas de Vicentin. El fallo señaló que la empresa no solo no previó esa posibilidad, sino que ignoró los «adelantos de fasón» que habían sido aportados, agudizando aún más la inestabilidad económica de la firma.
El intento de expropiación en 2020 de Vicentin por parte del Estado nacional no fue un capricho ideológico
La intervención judicial representa un nuevo capítulo en la historia de una de las empresas más emblemáticas del sector agroindustrial argentino. Pero también deja una lección clara: el intento del Estado por evitar el derrumbe de Vicentin en 2020 no fue un capricho ideológico, sino un intento concreto de poner orden en una compañía que ya mostraba signos evidentes de colapso. La Justicia, finalmente, lo reconoció.
