A un año de la primera marcha universitaria federal en defensa de la educación superior pública, diputados de la oposición retomaron los distintos proyectos que buscan actualizar las partidas que reciben las casas de estudio y combatir el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno Nacional.
El pasado 24 de abril de 2024, autoridades universitarias, docentes, no docentes y alumnos marcharon en distintos puntos del país para denunciar las medidas de ajuste impuestas por el presidente Javier Milei. A pesar de haberse realizado otras dos marchas, los problemas de financiación se mantuvieron y profundizaron debido al rechazo que recibió el Presupuesto 2025 en el Congreso, forzando al Gobierno a nuevamente prorrogar el presupuesto vigente.
Las propuestas
Los diputados Danya Tavela, de Democracia para Siempre, y Maximiliano Ferraro, de Coalición Cívica, presentaron un proyecto de ley que busca garantizar una estabilidad presupuestaria para el sistema universitario. La propuesta cuenta con las firmas de miembros de los distintos bloques dialoguistas y establece una recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los sueldos docentes y no docentes, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, además de una fórmula mixta para los aumentos de 2025.
El proyecto de Travela y Ferraro también prevé una actualización para las becas estudiantiles usando la inflación desde diciembre de 2024 y creando mecanismos automáticas de actualización para evitar que estas pierdan poder adquisitivo. En uno de los puntos también establecen una convocatoria a paritarias para docentes y no docentes dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del proyecto. Para controlar el uso que reciben los nuevos fondos, la Auditoría General de la Nación (AGN) recibiría la tarea de informar regularmente al Congreso los gastos de los centros de estudio superiores.
El proyecto cuenta con el respaldo de los diputados Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Nicolás Massot, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi y Pablo Juliano.
El legislador de Unión por la Patria, Pablo Carro, envió el otro proyecto y se planteó los mismos objetivos. La actualización de presupuesto definida por Carro sería «bimestral y retroactiva al 1 de enero de 2025»; en cuento a los salarios de docentes y no docentes, los mismos deberán ser recompuestos «a partir del 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley según la inflación acumulada informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) durante ese período».
Carro también contempló que la actualización alcance a los hospitales universitarios, escuelas pre universitarias y programas de extensión universitaria. La iniciativa de Carro lleva las firmas de sus compañeros de bancadas Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky, Mónica Macha, Sergio Palazzo, Sabrina Selva, Ana Carolina Gaillard, Itai Hagman y Jorge Ricardo Herrera.
