El congelamiento de las dietas en el Senado llegó a su fin y, con él, se desató una nueva polémica en la Cámara Alta. Desde mayo, 71 de los 72 senadores nacionales pasarán a cobrar una dieta base de $9 millones brutos, tras la caducidad de la resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero, que había frenado la actualización automática del sueldo de los legisladores. Lejos de renovarla, Villarruel —que percibe un salario inferior por pertenecer al Ejecutivo— dejó el tema en manos de los jefes de bloque.
Por el momento, los senadores no muestran intenciones de modificar el esquema vigente. Hasta ahora, solo tres legisladores presentaron notas para pedir la continuidad del congelamiento: los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y el cordobés Luis Juez. Este último mantiene una postura crítica hacia el Senado, en sintonía con el discurso del Gobierno libertario, aunque su propio bloque lo cuestiona por no expresar esas objeciones en las reuniones internas, como la de Labor Parlamentaria, donde participa la propia Villarruel.
Un sistema votado en secreto y con beneficios adicionales
El actual esquema de dietas fue acordado entre oficialismo y oposición en abril del año pasado, cuando ambos sectores pactaron en secreto una nueva fórmula que se votó en el recinto sin difusión previa. Desde entonces, los haberes de los senadores se componen de 2.500 módulos, más adicionales por gastos de representación (1.000 módulos) y desarraigo (500 módulos), que solo cuatro legisladores no perciben. Además, se sumó una dieta extra anual para compensar el aguinaldo, lo que elevó el ingreso bruto mensual a más de $7 millones. La única senadora que optó por no incorporarse a este esquema fue Alicia Kirchner, quien decidió conservar su jubilación.
La decisión generó revuelo especialmente tras el aumento del 6,6% en los sueldos de empleados legislativos, que estaba atado al de los senadores. Para evitar mayores críticas, la Cámara alta anuló la suba y congeló las dietas hasta el 31 de diciembre de 2024 en una votación unánime con 65 votos afirmativos.
Presión sindical y gastos encubiertos
En noviembre, el Congreso acordó una paritaria para los empleados legislativos similar a la de los estatales, con un aumento acumulado del 6,13% entre septiembre y diciembre. La mejora no alcanzó a los senadores, quienes mantenían vigente el congelamiento. No obstante, varios de ellos comenzaron a presionar a Villarruel para que se hiciera cargo del tema antes de fin de año.
En la práctica, la presión recayó nuevamente sobre los empleados legislativos, cuyo poder adquisitivo se ve afectado por las dilaciones y las tensiones internas. El gremio más poderoso, APL, liderado por Norberto Di Próspero, debió contener los reclamos de sus afiliados tras el congelamiento y las paritarias por debajo de la inflación.
Ganancias, alquileres y quejas fuera de micrófono
Los legisladores que defienden la suba argumentan que buena parte de sus dietas queda absorbida por el Impuesto a las Ganancias, además de los gastos personales, como el alquiler de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, son contados los que se animan a plantear este reclamo en público.
Algunos incluso aseguran que están peor remunerados que el presidente de la Nación o los ministros del gabinete. Pero lo que casi nadie menciona abiertamente es el debate de fondo: el financiamiento de la política. Sin una discusión sincera y estructural sobre este tema, los conflictos por las dietas seguirán apareciendo como síntomas de un sistema opaco y desgastado.
El Gobierno, atento al impacto
En este contexto, el Gobierno de Javier Milei observa con atención el malestar social que puede generar este nuevo incremento, justo cuando impulsa un ajuste fiscal sin precedentes. Consciente del costo político que representa para los senadores, el Ejecutivo buscará capitalizar el descontento popular en medio de su disputa con el Congreso.
