El Gobierno Nacional anunció, a través del Decreto 244/2025, la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa encargada de la gestión de rutas y peajes en Argentina. Esta decisión marca un cambio significativo en la administración de la entidad y ha desatado una fuerte disputa dentro del oficialismo, enfrentando al ministro de Economía, Luis Caputo, con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem.
Un cambio de mando en la administración
La intervención de Corredores Viales S.A. responde a la necesidad de auditar y reorganizar su funcionamiento, con miras a una futura privatización, informó NA. Hasta ahora, la empresa estaba bajo la órbita del Ministerio de Economía, lo que la mantenía bajo la influencia de Luis «Toto» Caputo. Sin embargo, el Gobierno ha designado como interventora a Anastasia Adem, una funcionaria cercana a Lule Menem, lo que implica un cambio en el control de la empresa.
Adem, quien fue gerente general de la Casa de la Moneda entre 2020 y 2023, dependerá directamente de Menem. Su rol será clave para llevar adelante una auditoría de gestión, evaluar el estado financiero de la empresa y diseñar un plan de acción para su reestructuración. Adem también tendrá la facultad de remover y designar personal, así como de revisar las compras y contrataciones realizadas hasta el momento.
La tensión interna en el Gobierno
La decisión de intervenir la empresa ha generado fricciones entre Caputo y Menem, reflejando una disputa más amplia dentro del oficialismo. Mientras que el ministro de Economía ha sido uno de los principales defensores del modelo de ajuste y desregulación, Menem representa un sector que busca ampliar su influencia en la gestión estatal.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que Caputo no fue consultado sobre la intervención de Corredores Viales S.A., lo que ha profundizado las diferencias con Menem. La puja por el control de la empresa se da en un contexto de tensiones crecientes dentro del equipo económico y el ala política del Gobierno, que buscan marcar el rumbo en la reestructuración del Estado.
Privatización en el horizonte
El proceso de privatización de Corredores Viales S.A. fue habilitado por el Decreto 97/25, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. Según el plan del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas serán responsables de su disolución y liquidación.
La auditoría encabezada por Adem y su equipo será determinante para definir las condiciones de esta privatización. La transparencia y eficiencia del proceso serán clave para evitar conflictos legales y garantizar la sustentabilidad de las rutas y peajes que actualmente opera la empresa.
Un conflicto con impacto en la gestión
La disputa entre Caputo y Menem no es solo una cuestión administrativa, sino que también expone las diferencias de estrategia dentro del Gobierno. Mientras algunos sectores buscan una desregulación rápida y profunda, otros prefieren un proceso más gradual y controlado.
El resultado de esta puja podría tener repercusiones en futuras decisiones del Ejecutivo, especialmente en el avance de otras privatizaciones. Por ahora, la intervención de Corredores Viales S.A. es el escenario donde se libran estas tensiones, con impacto directo en la gestión de la infraestructura vial del país.
