El Gobierno nacional está a punto de renovar uno de los contratos más cuestionados del aparato estatal: el sistema de tobilleras electrónicas para presos, agresores y víctimas de violencia de género. Una vez más, la empresa Surely SA, propiedad del exmontonero Mario Montoto, quedó como la única oferente en dos licitaciones abiertas por los ministerios de Seguridad y Justicia.
Desde al menos 2017, Montoto viene monopolizando este millonario negocio. Bajo distintos gobiernos, su empresa fue la única en presentarse en los procesos licitatorios. Esta vez, con el oficialismo libertario en el poder, el escenario no parece haber cambiado.
Un contrato con cifras millonarias
La licitación del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, abarca hasta 6000 dispositivos por dos años, y podría superar los 68 millones de dólares. En paralelo, el Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona, busca contratar 5000 tobilleras por tres años, por un valor estimado de 87 millones de dólares.
Ambos expedientes ya tienen dictamen de preselección firmado, y el único nombre que figura como posible adjudicatario es Surely SA. Resta abrir los sobres con las ofertas económicas, pero en los pasillos oficiales descuentan que el contrato quedará nuevamente en manos de Montoto.
Críticas por pliegos excluyentes y falta de competencia
Aunque desde los ministerios afirman haber flexibilizado los requisitos para permitir mayor competencia, las empresas extranjeras consultadas no se presentaron. Desde firmas de Reino Unido, Suiza y Colombia reconocieron haber recibido invitaciones, pero señalaron que las condiciones técnicas y logísticas seguían resultando excluyentes.
Un ejemplo fue el requisito técnico sobre radiofrecuencia, que dejó afuera a una empresa suiza cuyo dispositivo —fabricado en titanio— no podía ser “cortado con tijera”, como solicitaban los pliegos. Otros apuntaron al elevado costo de inversión que exige montar una operación local desde cero y encontrar un socio argentino.
Además, en el sector señalan que los valores pagados por la Argentina están entre los más altos de la región. Mientras en países vecinos se pagan entre 4 y 11 dólares diarios por tobillera, en nuestro país el valor ronda los 15, e incluso ha llegado a los 18 dólares en gestiones anteriores.
Del pasado montonero al presente corporativo
Montoto es una figura emblemática de las transformaciones políticas y empresariales de la Argentina. Exmilitante de Montoneros y padre de Fernanda Raverta —exdirectora de ANSES durante el gobierno de Alberto Fernández—, reconvirtió su trayectoria desde los años ’90 y se transformó en uno de los proveedores estrella del Estado.
Hoy, no solo opera en el mercado de tobilleras electrónicas. También es un actor clave en sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial. Además, preside la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI), donde cultiva vínculos con las principales firmas tecnológicas de ese país.
En noviembre del año pasado, estuvo junto a Javier Milei en un evento organizado por la embajada israelí, donde también participó el actual canciller Gerardo Werthein. La escena no pasó inadvertida: el exmontonero reaparecía como figura influyente en los márgenes del nuevo poder.
Un negocio difícil de destrabar
Desde el Estado, justifican la continuidad de Surely SA en base a la “complejidad del servicio”, que no solo incluye la provisión de tobilleras, sino también su colocación, monitoreo y conexión directa con el 911. Aseguran que se trata de un sistema integral, con personal y logística propias, lo que elevaría los costos frente a empresas que solo venden dispositivos.
Sin embargo, en el sector privado reina la sospecha: que las licitaciones siguen armándose a medida, y que el margen para competir es solo aparente.
