La crisis del sistema de salud argentino, lejos de haberse resuelto, vuelve a encender las alarmas. Desde febrero, clínicas, sanatorios y centros de atención privada comenzaron a operar con aranceles por debajo del índice de inflación. El dato, que no se registraba desde agosto del año pasado, deja al descubierto el deterioro de un sector esencial y anticipa conflictos mayores en las próximas semanas.
En el centro del problema aparece el control político sobre los precios, el sistema de actualización de las prepagas y una cadena de pagos que ya no cubre costos. A pesar de las promesas de desregulación, las subas en las cuotas de medicina privada fueron en marzo del 2,3?%, contra un IPC de 3,7?%. Para los prestadores —clínicas y profesionales de la salud—, los incrementos no superaron el 2?%, y en algunos casos apenas rozaron el 1,8?%.
Las consultas, más baratas que un chocolate
El desfasaje entre ingresos y egresos es tan evidente que ya se replica en comparaciones irónicas. Una consulta médica en instituciones reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires —como el Otamendi, el Instituto de Diagnóstico o el Mater Dei— ronda los $15.000. El mismo valor que un huevo de Pascua de marca en una góndola. Mientras tanto, un jefe de residentes en el Hospital Garrahan no llega a los $1,3 millones netos y un neumonólogo de planta, con seis años de antigüedad y jornada completa, apenas alcanza $1,9 millones.
A este cuadro se suman las paritarias estancadas, una caída sostenida en la cantidad de estudiantes de medicina y la migración de profesionales al sector corporativo. Muchos especialistas directamente optan por pasarse “a la industria”, es decir, trabajar en laboratorios u otras empresas vinculadas a la salud.
Prestaciones por debajo del costo
La crítica más fuerte del sector es que, incluso con la supuesta desregulación establecida en el DNU 70/2023, la estructura de precios sigue atada al Programa Médico Obligatorio (PMO), que fija una canasta amplia de servicios que deben ser cubiertos. En ese esquema, subir los aranceles no siempre es una opción.
Un informe del Centro de Estudios para la Salud Argentina revela que desde 2012 el precio de las prestaciones es el que menos aumentó dentro del universo de variables del sistema. La situación se agrava por el modelo de integración vertical entre financiadores y prestadores, que limita la competencia y somete a los centros independientes a las decisiones de un puñado de grandes grupos.
Un sistema que no se recupera
Según la Unión de Entidades de Salud, la brecha entre costos y precios ya era del 100% al asumir Javier Milei y nunca se cerró. Hugo Magonza, titular de la organización, advierte que el desequilibrio comenzó hace más de una década: “El sistema se rompió cuando se amplió el PMO sin una fuente de financiamiento clara. Desde entonces, el desfase fue acumulándose”.
Hoy, una intervención quirúrgica como una hernioplastía inguinal paga apenas $260.000 —de los cuales el 70% va al cirujano—, una discectomía simple $500.000 y una neurocirugía, $640.000. Costos bajos si se consideran los insumos, honorarios, infraestructura y logística involucrados.
Se acerca otro riesgo: el fin de la emergencia sanitaria
El próximo 30 de junio vencerá el decreto que desde 2002 protege de ejecuciones judiciales a clínicas, hospitales privados, geriátricos y centros de diagnóstico que están en mora con aportes patronales o impuestos. Se estima que hay unos 4.500 CUITs alcanzados por esta protección. Si no se renueva, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá embargar y avanzar contra cientos de entidades.
El sector pidió una prórroga, pero por ahora no recibió señales positivas del Ministerio de Economía. La duda es si Luis Caputo avalará mantener condiciones heredadas del colapso de principios de siglo. El costo lo pagan médicos y pacientes.
