En el último año, las denuncias por obstáculos al aborto legal en Argentina crecieron un 275%, según un informe de Amnistía Internacional. La organización registró 280 reclamos entre 2024 y abril de 2025, frente a los 75 reportados en 2023. Solo en los primeros cuatro meses de este año ya se acumularon 160 casos, lo que representa el 133% del total de 2023. El aumento coincide con el desmantelamiento de políticas públicas que garantizaban este derecho.
Faltan insumos y crece la desinformación
Amnistía alertó que en 2024 el gobierno nacional dejó de distribuir misoprostol, mifepristona, anticonceptivos y test de embarazo a las provincias. Según el informe, la caída fue del 81% en comparación con 2023. La falta de estos insumos esenciales pone en riesgo el cumplimiento de la Ley 27.610, que legalizó el aborto en Argentina en 2020.
A eso se suma un dato preocupante: el 33,67% de las personas que se contactaron con Amnistía en 2024 dijeron no saber cómo ni dónde acceder a un aborto legal. La falta de información se volvió una de las principales barreras. El impacto es mayor en zonas rurales y en personas en situación de vulnerabilidad.
Consejerías disuasivas y demoras en la atención
Además de la falta de recursos, el informe expone otras barreras. Entre ellas, dilaciones injustificadas, maltrato por parte del personal de salud y consejerías que intentan disuadir a quienes buscan acceder a un aborto. Estas situaciones se repiten en distintas provincias, según confirmó la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
“No se trata de casos aislados. La falta de insumos, el abandono del rol rector del Estado y las desigualdades estructurales están dejando fuera del sistema de salud a muchas personas”, aseguró en diálogo con C5N.
Uno de los puntos más graves del informe es la existencia de «centros de maternidades vulnerables» dentro de hospitales públicos. Según Amnistía, estos espacios funcionan como lugares de desinformación activa, donde se intenta disuadir a las personas gestantes de acceder a una práctica legal y segura.
A esto se suma que el 80% de las personas que intentaron comunicarse con la línea 0800 del Ministerio de Salud no obtuvo respuestas o nunca fue atendida. Esa línea fue creada justamente para brindar asistencia y canalizar denuncias vinculadas al aborto legal.
Amnistía advierte que el retroceso en políticas públicas sobre aborto no solo afecta un derecho conquistado, sino que profundiza la desigualdad territorial y económica. Las más perjudicadas son las mujeres y personas gestantes en situación de pobreza, que hoy no encuentran protección efectiva por parte del Estado.
