En un fallo clave, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la plena vigencia del protocolo de seguridad para presos de alto riesgo impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazando un planteo judicial presentado por un ciudadano venezolano acusado de liderar una banda criminal internacional.
La decisión del máximo tribunal penal federal se conoció este jueves y representa un espaldarazo al denominado “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo”, que rige desde enero en los penales federales del país. La medida, informó NA, busca endurecer las condiciones de detención para individuos vinculados al narcotráfico, homicidios, tráfico de armas y extorsiones.
El caso que motivó el fallo tiene como protagonista a Guillermo Boscán Brancho, un ciudadano venezolano buscado por Interpol, acusado de múltiples crímenes en su país. Fue detenido en Corrientes, donde ingresó con documentación falsa, y trasladado al penal de Ezeiza, donde permanece alojado bajo las condiciones del nuevo protocolo a la espera de su extradición.
Aunque su defensa presentó un habeas corpus para impugnar las condiciones de su encierro, los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos descartaron el planteo, al considerar que “la medida de habeas corpus no es la vía procesal pertinente para dicho planteo”. Sin embargo, autorizaron visitas semanales de una hora y comunicaciones telefónicas limitadas, aunque bajo estricta vigilancia penitenciaria.
El protocolo Bullrich, oficializado mediante la resolución 35/2024, establece una serie de restricciones clave:
- Prohibición de contacto físico con visitantes
- Comunicaciones solo desde teléfonos públicos bajo supervisión y solo con llamadas salientes
- Aislamiento operativo frente a otros detenidos considerados de menor riesgo
Desde el Ministerio de Seguridad se justificó la implementación de estas medidas como parte de un plan integral contra el crimen organizado, con el objetivo de evitar que “organizaciones internacionales de crimen organizado expandan su dominio sobre territorio nacional y dentro de los establecimientos penitenciarios”.
La decisión de Casación refuerza la postura oficial de tolerancia cero frente al crimen transnacional, y marca un precedente judicial para futuros casos vinculados a mafias internacionales o presos con antecedentes violentos. Con este respaldo, el Gobierno reafirma su apuesta por una política penitenciaria de máxima seguridad, que ya genera apoyos y rechazos en el ámbito de los derechos humanos y la política penal.
