El Gobierno nacional dio un paso clave en la implementación del llamado Plan Colchón, con la firma del primer convenio de intercambio de información financiera entre la Nación y una provincia. El acuerdo fue sellado con Catamarca, que se convierte así en el primer distrito en adherir formalmente al ambicioso programa impulsado desde la Casa Rosada para monitorear los consumos e incrementos patrimoniales de los ciudadanos.
El gobernador Raúl Jalil rubricó el compromiso durante una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otras figuras clave del Ejecutivo, como Juan Pazo, director ejecutivo de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), organismo que se posiciona como el nuevo “ojo fiscal” del Estado.
La adhesión de Catamarca se da luego de una reunión virtual con autoridades de 17 provincias, en la que varias ya anticiparon su voluntad de plegarse al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, columna vertebral de este esquema que promete ser tanto una herramienta de transparencia como una fuente de conflicto federal.
El régimen plantea un sistema en el que se resguarda información clave sobre consumos personales y patrimonios, al tiempo que establece límites que, si se superan, obligarán a justificar el origen de los fondos. El umbral de ARCA es de 50 millones de pesos, y las provincias que no adhieran perderán el acceso a la información fiscal detallada de personas y empresas, un recurso que hasta ahora les permitía reforzar su propia recaudación tributaria.
Desde el Gobierno, insisten en que esta iniciativa no es un castigo, sino un “acto de reparación histórica”:
“Queremos devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran, bajo la presunción de inocencia. Este acuerdo con Catamarca marca el inicio de una nueva era”, señalaron desde la Jefatura de Gabinete.
Pero detrás del discurso oficial, algunos analistas advierten que se trata de una estrategia para presionar a los gobernadores a alinear sus políticas fiscales con las decisiones de ARCA, en medio de un contexto en el que la Casa Rosada busca centralizar información económica sensible y reforzar la trazabilidad del dinero.
El plan promete dividir aguas entre provincias: algunas ven con buenos ojos la modernización de los sistemas de control; otras, temen que se trate de una avanzada sobre la autonomía fiscal.
Catamarca, por ahora, se posiciona como la provincia que abre el juego, pero la pregunta es cuántas más seguirán el mismo camino y qué consecuencias políticas y económicas tendrá esta nueva arquitectura de control financiero. El Plan Colchón ya dejó de ser un título llamativo para convertirse en una política activa que empieza a cambiar las reglas del juego.
