Un informe de la PROCELAC incorporado a la causa Seguros da cuenta de que el expresidente Alberto Fernández facturó servicios durante nueve años al broker Héctor Martínez Sosa y empresas vinculadas, antes de llegar al Gobierno. Este informe puede ser fundamental en la investigación por direccionamiento en la elección de brokers y sobreprecios en comisiones por actuar como intermediarios en la contratación de pólizas.
Martínez Sosa, a su vez, es esposo de María Cantero, secretaria privada del por entonces jefe de Estado. El juez federal Sebastián Casanello junto al fiscal Carlos Rívolo evalúan todo este contexto para acusarlos de los cargos mencionados y de quedarse con millonarias sumas de dinero prestándole el servicio de seguros al Estado.
En ese marco, los investigadores recibieron un informe de la PROCELAC en base a información fiscal en el cual se detalla la emisión de facturas por al menos 4 millones de pesos entre 2010 y 2019 por parte de Alberto Fernández por cobro de diferentes servicios a Martínez Sosa. Todo esto es de antes de que el dirigente peronista llegue a la Casa Rosada, según NA.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos menciona «servicios jurídicos» dados además a firmas como HMS SA y Austral Consulting SA, que estarían también vinculadas al broker, amigo del ex presidente. La última de ellas data del 6 de diciembre de 2019, poco antes de que Fernández jurara como Presidente.
El caso
Una vez que Alberto Fernández llegó al Gobierno firmó el decreto 823/21 que habilitó la intermediación de brokers en la contratación de pólizas vía Nación Seguros. A su vez, la licitación quedó en manos de Martínez Sosa, quien durante años cobró pólizas millonarias por cuadros, vehículos y propiedades del Estado nacional.
Lo que queda en evidencia con este informe es que había un vínculo anterior entre Fernández y Martínez Sosa y que claramente se benefició del decreto y de la condición del jefe de Estado para hacer negocios en su favor. A su vez, el exfuncionario direccionó la licitación en favor de su amigo y generó un perjuicio a las cuentas públicas.
En medio de todo este caso apareció el nombre de Daniel Rodríguez, exintendente de Olivos, como posible testaferro tanto de Alberto Fernández, como también de Martínez Sosa. En ese contexto, Casanello ordenó en abril el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Rodríguez. Además, solicitó a la AFIP un informe completo sobre sus bienes, incluyendo propiedades, vehículos, cuentas bancarias y cajas de seguridad.
