La «Causa Seguros«, que investiga presuntas irregularidades en la contratación durante el gobierno de Alberto Fernández sumó en las últimas horas un elemento clave. La Justicia federal recibió un extenso informe de 600 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que podría ser determinante en la definición del procesamiento del expresidente.
El documento, ahora en manos del juez federal Sebastián Casanello, detalla vínculos entre funcionarios públicos y empresarios privados. Entre los nombres mencionados figura Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos, señalado como presunto testaferro de Fernández. Según fuentes judiciales citadas por TN, el informe demostraría una “íntima vinculación” entre Rodríguez y Héctor Martínez Sosa, broker investigado y amigo personal del expresidente.
Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, figura como uno de los posibles beneficiarios de un decreto que obligaba a todos los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A., subsidiaria del Banco Nación. Dicha normativa fue derogada por la actual administración de Javier Milei.
Rodríguez, el nexo clave en la investigación
Uno de los ejes de la investigación es la supuesta utilización de Daniel Rodríguez como pantalla para ocultar bienes o beneficios obtenidos de forma irregular. La Justicia sospecha que parte del patrimonio de Fernández o del propio Martínez Sosa podría estar registrado a nombre del exintendente de Olivos.
En ese contexto, Casanello ordenó en abril el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Rodríguez. Además, solicitó a la AFIP un informe completo sobre sus bienes, incluyendo propiedades, vehículos, cuentas bancarias y cajas de seguridad. Un dato llamativo es que, aunque Rodríguez residía en la Quinta de Olivos, también ocupaba una propiedad en Martínez que, según consta en la causa, pertenece a Martínez Sosa.
La causa ya tiene 39 personas indagadas, entre ellas brokers, empresarios y exfuncionarios. Todos aguardan la resolución de su situación procesal. La definición podría acelerarse a partir del análisis del informe de la Procelac, que fue presentado recientemente al juzgado.
Avanza la investigación sobre administración fraudulenta
La hipótesis principal apunta a una estructura de beneficios cruzados entre funcionarios y empresarios. La Justicia investiga si hubo cobro de comisiones indebidas por la intermediación en los contratos de seguros firmados bajo el decreto presidencial.
Frente a este panorama, Casanello ya ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, así como de otros imputados relevantes. Entre ellos se encuentran Alberto Pagliano (expresidente de Nación Seguros), Héctor Martínez Sosa, María Cantero, el broker Pablo Torres García, y varias firmas vinculadas al negocio de seguros como Bachellier, San Ignacio, San Germán y TGG Broker. En total, son 51 personas físicas y jurídicas alcanzadas por la medida.
Alberto Fernández, por su parte, negó haber tenido relaciones comerciales con Martínez Sosa. Afirmó que no intervino a favor de ningún actor en la contratación de seguros. No obstante, la acumulación de pruebas podría modificar el rumbo del expediente en los próximos días.
Bajo este marco, en el juzgado se trabaja con la intención de definir “lo más pronto posible” si corresponde o no dictar el procesamiento del expresidente por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Causa de los Seguros: la Justicia recibió un informe clave sobre un posible testaferro de Alberto Fernández
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) May 15, 2025
Por Bruno Yaconohttps://t.co/LjREFrCeoh
