El Gobierno nacional confirmó este lunes que los jubilados y pensionados volverán a cobrar en mayo el bono de $70.000, una cifra que permanece congelada desde marzo del 2024. La medida fue oficializada mediante el Decreto 298/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Pese al discurso de «ordenamiento fiscal» y apertura económica con el que el oficialismo justificó la salida del cepo cambiario, los sectores más vulnerables siguen atados a ingresos que no reflejan el aumento del costo de vida. El bono, creado para compensar la licuación del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas acumula una pérdida de más del 70%.
Según lo dispuesto, cobrarán el bono completo de $70.000 aquellos jubilados que perciben el haber mínimo, que con el aumento del 3,7% de marzo quedó en $296.481. Con el bono, esos beneficiarios llegarán a un total de $366.481,75. Sin embargo, el refuerzo sigue sin ser considerado parte del haber, no es remunerativo, y no forma parte del aguinaldo. En la práctica, se trata de un parche temporal que no resuelve la pérdida estructural del ingreso real.
El Gobierno también definió que quienes cobran más del haber mínimo recibirán un bono proporcional, de forma que todos alcancen ese mismo techo de $366.481,75. Es decir, aquellos con haberes de $320.000, por ejemplo, recibirán sólo $46.481,75. El sistema mantiene una lógica regresiva en la que se «premia» con más refuerzo al que menos gana.
El refuerzo también será percibido por beneficiarios de pensiones no contributivas, ex cajas provinciales transferidas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, entre otras. Pero en todos los casos se aplica la misma lógica de bonos congelados, sin fórmula de actualización automática ni integración al haber.
El objetivo del Gobierno nacional: licuar el bono por inflación hasta el 100% y luego agregarlo como parte formal del haber
Desde la oposición y diversos especialistas en seguridad social vienen señalando que el Gobierno ha optado por licuar el gasto previsional a través de la inflación, sin anunciar aún una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que reemplace la suspendida por decreto en enero. Mientras tanto, los aumentos por decreto no alcanzan a cubrir siquiera la inflación mensual y el bono actúa como un paliativo que se diluye mes a mes.
El Gobierno celebra como un logro el «superávit fiscal» alcanzado en los primeros meses del año, pero lo hace sobre la base de jubilaciones deprimidas, obra pública paralizada y salarios públicos congelados. La promesa de una economía más “libre y competitiva” no parece incluir a los jubilados, que en el actual modelo solo encuentran más espera, más licuación y menos derechos.
