La Justicia Federal del Chaco citó a declarar como imputada a Marta Soneira, exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente durante la gestión de Jorge Capitanich. El fiscal federal Patricio Sabadini acusó a la exfuncionaria de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionaria. Sabadini solicitó la medida en el marco de una causa que investiga presuntos actos de corrupción vinculados al dirigente piquetero detenido Ramón “Tito” López y su entorno más cercano.
La investigación apunta a una supuesta adjudicación irregular de tierras fiscales. Según la causa, Soneira habría facilitado la cesión de más de 3.000 hectáreas al denominado “clan López” sin cumplir con los requisitos legales establecidos por la Constitución provincial y la Ley de Tierras del Chaco. No se habrían solicitado informes de antecedentes, capacidad productiva ni documentación fiscal, lo que generó sospechas en la fiscalía.
Este avance judicial marca una nueva etapa en la causa que comenzó en 2022 tras denuncias por maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y defraudación al Estado. La investigación, que inicialmente se centró en las acciones del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio, se amplió hacia altos exfuncionarios del gobierno provincial.
Una red de corrupción con ramificaciones políticas
Además de Marta Soneira, también fueron citados a declarar los exfuncionarios Raúl John Paris, Walter Ferreyra y Cintia Kaplan. Todos habrían tenido un rol activo en el proceso de entrega de tierras fiscales. Las maniobras investigadas están vinculadas a otras causas por corrupción que afectan al entramado de cooperativas y organismos públicos de la provincia.
Uno de los focos centrales de la investigación es el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un ente autárquico creado para financiar obras de vivienda social. Según la Justicia, gran parte de los fondos utilizados por la organización delictiva provenía del IAFEP. Esto incluye la emisión de facturas apócrifas y la evasión fiscal mediante empresas sin actividad real.
En ese marco, fue clave el peritaje al teléfono celular de Fernando Adrián Ayala, estrecho colaborador de “Tito” López. En el dispositivo se hallaron videos donde se lo ve contando grandes sumas de dinero, supuestamente recibidas a través de bolsos y mochilas. Ayala y su esposa, María José Reinau, están acusados de integrar una red de lavado de dinero que operaba con complicidad de funcionarios y contadores.
Facturación trucha, estafa y uso político de fondos públicos
Otro de los acusados es Walter Pasko, contador de la organización, quien junto a su esposa, la abogada Diana Yael Daniel, habría sido responsable de captar clientes, robarles el CUIT y emitir facturas falsas. Las maniobras también habrían perjudicado a organismos como el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de Producción y varios municipios chaqueños.
Las cooperativas involucradas no tenían actividad productiva real, pero facturaban servicios inexistentes a distintos entes estatales. La mecánica delictiva incluía la generación de crédito fiscal falso, lo que permitía reducir obligaciones tributarias y simular operaciones inexistentes.
Piden llamar a indagatoria "urgente" a la exministra Marta Soneira https://t.co/LcwdjdlHP1 vía @NorteDiarioCom
— Hugo Horacio Peralta (@hhp_notas) May 5, 2025
