En un nuevo capítulo del debate por la transparencia política, el diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto que promete sacudir los cimientos del Congreso: busca derogar la prohibición de allanar domicilios privados y comerciales de funcionarios públicos amparados por la Ley de Fueros.
La iniciativa apunta a eliminar un privilegio histórico que, en palabras del legislador del PRO, “entorpece a la Justicia y favorece la impunidad”. Solo quedarán a resguardo los despachos oficiales, que seguirán protegidos por su carácter institucional.
“La Justicia necesita actuar sin frenos. Con este proyecto, nadie podrá esconderse detrás de sus fueros para borrar pruebas”, remarcó Milman. El foco está en evitar que funcionarios implicados en investigaciones penales tengan tiempo para eliminar evidencia en sus residencias u oficinas particulares.
El proyecto, que ya comenzó a generar polémica entre sectores del oficialismo y la oposición, pone en discusión el verdadero alcance de los privilegios parlamentarios. “Los fueros existen para evitar persecuciones políticas, no para obstruir investigaciones. Es hora de terminar con los malentendidos y los abusos”, sostuvo el legislador.
Milman aseguró que esta reforma no apunta a vulnerar la independencia de los poderes, sino a recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial: “El blindaje que hoy protege a diputados y senadores socava la credibilidad de las instituciones y deja a la política bajo sospecha permanente”.
Además, el diputado dejó claro que la reforma no busca tocar los despachos oficiales, ya que estos están resguardados por su función pública. Sin embargo, sí permitiría que jueces y fiscales puedan allanar propiedades privadas, estudios jurídicos, empresas u oficinas comerciales vinculadas a legisladores, sin requerir autorización del Congreso.
“La política debe dejar de ser una casta intocable. Si un ciudadano puede ser allanado ante una sospecha, un diputado también. No hay democracia sin igualdad ante la ley”, sentenció.
La propuesta ya fue girada a comisiones y podría generar un fuerte debate en el Congreso en las próximas semanas. ¿Será el fin del escudo judicial que protege a los funcionarios? ¿O una nueva batalla en la eterna guerra entre la política y la Justicia?
