Un nuevo informe de la ONG Derechos Digitales advierte sobre los desafíos que enfrenta la ciberseguridad estatal en Argentina. Si bien reconoce la existencia de una estrategia nacional definida, cuestiona su implementación por la escasez de recursos técnicos y humanos. En el centro de la polémica está la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), creada en 2024 dentro de la órbita de la SIDE, que asumió un rol protagónico con la sanción del Decreto 274/2025.
El informe compara políticas públicas en la región, y destaca que Chile ha dado un paso clave con una Ley Marco de Ciberseguridad aprobada este año. En el caso argentino, se valora la Segunda Estrategia Nacional vigente desde septiembre de 2023, pero se plantea que la concentración de funciones en un organismo vinculado a los servicios de inteligencia genera tensiones con los principios de transparencia y participación ciudadana.
Presupuesto reducido y capacidades limitadas
Desde la AFC reconocen los problemas. Explican que comenzaron el año con un presupuesto equivalente al 25% de lo que históricamente manejaba la SIDE, sin partidas específicas para las nuevas funciones. “No alcanza ni para equipamiento básico”, admitieron en diálogo con este medio. La situación se agrava por la falta de coordinación previa entre las distintas entidades que intervenían en la materia, como el CERT.ar y la Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNC).
La nueva agencia apunta a ordenar un ecosistema fragmentado. Cuestionan que el CERT no respondía a incidentes graves y que no había un mapeo claro de infraestructura crítica. También denuncian que el Comité de Ciberseguridad apenas se reunió en los últimos años. En ese contexto, señalan, se hacía inviable una respuesta estatal coordinada ante amenazas cada vez más complejas.
Hackeos sin respuesta y riesgos crecientes
Los antecedentes preocupan. En los últimos años, diversos organismos públicos fueron blanco de ataques informáticos. Entre ellos figuran la Dirección Nacional de Migraciones, el Senado, el PAMI y la Comisión Nacional de Valores. También se filtraron bases de datos del Renaper y licencias de conducir que terminaron a la venta en canales de Telegram. La falta de reacción efectiva frente a estos episodios profundizó la sensación de vulnerabilidad institucional.
El informe internacional coincide en que el problema no es normativo, sino operativo. Sin recursos ni formación técnica suficiente, la estrategia queda en papel. Desde la sociedad civil y el sector privado, algunas voces reclaman mayor profesionalización, inversión sostenida y reglas claras de contratación para evitar la discrecionalidad en licitaciones y la dependencia de proveedores históricos.
Un sistema fragmentado y críticas cruzadas
Una de las tensiones más visibles se da entre la AFC y la DNC. Fuentes del sector señalan que la nueva agencia asumió muchas de las funciones que antes correspondían a Jefatura de Gabinete, lo que generó resistencias internas. Sin embargo, admiten que el equipo técnico de la AFC incluye perfiles con experiencia y capacidad real para la tarea. El desafío, ahora, es articular los tres organismos existentes: AFC, CERT.ar y DNC, evitando superposiciones.
El especialista Arturo Busleiman planteó que los problemas van más allá de la estructura. “Se sigue gastando mal. Hay licencias carísimas para sistemas cerrados que nadie en el Estado sabe mantener. Se contrata sin estrategia, priorizando vínculos y no necesidades reales”, afirmó. Para él, la solución no es crear más organismos, sino definir una política de Estado sostenida en el tiempo.
Transparencia o centralización
La experta en regulación Marcela Pallero, por su parte, advirtió sobre los riesgos de centralizar el control del ciberespacio en un organismo con lógica reservada como la SIDE. “Es un paso fuera de época. El mundo avanza hacia modelos de gobernanza abiertos, basados en la confianza digital y los derechos humanos”, alertó. Aun así, valoró que la estrategia argentina incorpora principios de inclusión y perspectiva de género.
Desde Derechos Digitales, Juan Carlos Lara coincidió: “Hay que evaluar si la AFC puede integrarse a un sistema cooperativo o si esto terminará siendo un rompecabezas de siglas que no encajan”. La clave, sostienen, será la capacidad del Estado para compatibilizar eficacia operativa con garantías democráticas.
La política pública pendiente
La ciberseguridad enfrenta, en Argentina, los mismos obstáculos que otras áreas críticas del Estado: baja ejecución presupuestaria, superposición de funciones y dependencia tecnológica del exterior. América Latina, en su conjunto, aún está en una etapa incipiente. Argentina no es la excepción, y apenas comienza a construir las bases para una política moderna y efectiva.
Para buena parte del entorno técnico, la creación de la AFC es un paso positivo. Pero ese avance dependerá de si logra integrarse al resto del sistema sin desplazar ni paralizar otras instancias. También será decisivo el control parlamentario y la supervisión externa. Sin transparencia ni inversión, el modelo está condenado al fracaso.
