El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, fue denunciado ante la Justicia argentina por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato, que se extendió desde enero de 2006 hasta noviembre de 2019. La presentación judicial reclama que se lo investigue bajo el principio de jurisdicción universal, al considerar que en su país de origen no existen garantías para un proceso judicial imparcial.
La denuncia fue impulsada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y por ciudadanos bolivianos que residen en la Argentina. De acuerdo con fuentes judiciales, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con sede en los tribunales de Comodoro Py.
Entre los delitos denunciados se mencionan masacres, torturas y tratos inhumanos, supuestamente cometidos durante su gestión como jefe de Estado. Los denunciantes acusan al gobierno de Morales de haber ordenado o tolerado el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y opositores, provocando víctimas civiles durante diversas protestas sociales. Además, alegan que estos actos podrían constituir crímenes de lesa humanidad en los términos establecidos por el Estatuto de Roma.
La Justicia universal como vía para juzgar crímenes graves
El planteo judicial se basa en la Ley 26.200, que establece mecanismos legales para aplicar en Argentina el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta legislación permite a los tribunales argentinos investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, incluso cuando no se hayan cometido en el territorio nacional, siempre que las autoridades del país de origen no puedan o no quieran llevar adelante esos procesos.
Según argumenta la denuncia, el sistema judicial boliviano no ofrece garantías suficientes de independencia ni imparcialidad para investigar al exmandatario. “La falta de garantías judiciales en Bolivia torna inoperante cualquier intento de justicia local, motivo por el cual esta acción ante tribunales argentinos resulta necesaria”, sostienen los firmantes en el escrito presentado ante la Justicia federal.
Asimismo, los denunciantes remarcan que no denuncian hechos aislados ni recientes, sino una práctica sistemática contra la población civil y sectores opositores. En ese sentido, el documento cita informes de organizaciones internacionales y hechos documentados por organismos de derechos humanos que alertaron sobre el uso abusivo de la fuerza pública y la persecución política.
Un caso con posible impacto regional
La denuncia contra Evo Morales abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la jurisdicción nacional frente a delitos considerados de trascendencia internacional. En este marco, la presentación apela a que los jueces argentinos actúen como garantes de los derechos humanos cuando los sistemas judiciales de los países implicados resultan ineficaces o comprometidos políticamente.
Si bien por el momento se trata de una denuncia inicial, la jueza Capuchetti deberá evaluar la admisibilidad del planteo y definir los pasos procesales a seguir. Podría requerir información complementaria, convocar a testigos o remitir el caso al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible apertura de una investigación formal.
El ex presidente Morales no se ha pronunciado públicamente sobre esta nueva acusación. Sin embargo, su figura sigue generando fuertes divisiones en Bolivia, tanto en el plano político como judicial. La denuncia presentada en Argentina podría escalar en el corto plazo y sumar presión internacional sobre su rol durante los años en que lideró el Estado Plurinacional.
?? Evo Morales enfrenta una denuncia en Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno en Bolivia. Se solicita su investigación bajo el principio de justicia universal.
— Noticias Argentinas (@NAagencia) May 14, 2025
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