El Gobierno de Donald Trump denunció un «golpe judicial fuera de control» luego de que un tribunal federal de comercio anulara el paquete de aranceles globales impulsado por la Casa Blanca. La medida, considerada clave para la estrategia económica del segundo mandato del republicano, fue invalidada por un panel de tres jueces, entre ellos dos designados por gobiernos conservadores.
La administración respondió con una apelación inmediata. El poderoso subsecretario de gabinete, Stephen Miller, calificó el fallo como «una intervención intolerable del Poder Judicial en la autoridad presidencial». Desde Washington anticipan que el caso llegará a la Corte Suprema, en un escenario que podría definir el alcance del poder ejecutivo en materia comercial.
El fallo que desarmó un pilar del plan económico trumpista
El revés judicial fue emitido por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, y cuestiona la legalidad de los «aranceles del Día de la Liberación» —nombre con el que Trump bautizó su ofensiva contra las importaciones extranjeras—.
Según los jueces, el expresidente excedió las facultades que le otorga la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). El texto del fallo señala que las órdenes arancelarias «superan cualquier autoridad otorgada al presidente» para establecer tarifas sin intervención legislativa.
Los límites legales del poder presidencial en comercio exterior
Aunque el Gobierno mantiene la potestad de imponer aranceles en caso de amenazas a la seguridad nacional —como lo establece la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962—, el fallo bloquea el uso extendido de tarifas como herramienta de presión global.
En ese sentido, la administración solo podría aplicar impuestos temporales del 15% durante 150 días y únicamente a naciones con las que Estados Unidos mantenga un déficit comercial significativo, amparado en el Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Quiénes firmaron el fallo y qué aranceles siguen vigentes
El panel estuvo compuesto por Timothy Reif (designado por Trump), Jane Restani (nombrada por Ronald Reagan) y Gary Katzman (designado por Barack Obama). A pesar del fallo, se mantienen vigentes los tributos del 25% sobre automóviles, repuestos, acero y aluminio, que fueron establecidos con base en informes del Departamento de Comercio por considerarse un riesgo para la seguridad nacional.
Estos aranceles fueron utilizados por Trump no solo como medida económica, sino como instrumento diplomático para forzar negociaciones bilaterales. Según argumentó la Casa Blanca, la política buscaba repatriar empleos industriales, reducir el déficit fiscal y fortalecer la defensa nacional.
La reacción del Gobierno: emergencia nacional y apelación inmediata
Kush Desai, portavoz oficial de la Casa Blanca, aseguró que los déficits comerciales representan una «emergencia nacional que ha diezmado las comunidades estadounidenses». Y agregó que el tribunal «no cuestionó ninguno de esos hechos».
El equipo legal del Ejecutivo presentó una apelación apenas minutos después de conocerse el fallo. Si bien aún no hay fecha para la revisión, se espera que la Corte Suprema deba intervenir, dado el alcance institucional de la medida.
La administración republicana sostiene que el Poder Judicial está interfiriendo en atribuciones que la Constitución reserva al Ejecutivo en contextos de crisis económica o seguridad.
