Un nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expone con crudeza los efectos del protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich. En apenas 5 meses del 2025, las fuerzas de seguridad ya dejaron más personas heridas en protestas que durante todo el año pasado. El dato pone en cuestión el uso sistemático de la represión estatal como herramienta de control y plantea interrogantes sobre el límite entre el orden y la violencia institucional.
Según el relevamiento, entre enero y mayo de este año se registraron al menos 1.231 personas lesionadas en operativos policiales durante movilizaciones sociales, superando los 1.216 casos registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. El aumento también se refleja en el número de detenidos: ya van 132 en lo que va del año, frente a los 98 contabilizados en todo 2024. El informe de la CPM se elaboró en base al monitoreo de 25 protestas, la mayoría frente al Congreso Nacional.
La represión más grave se produjo el 12 de marzo, cuando más de 114 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo, que recibió un cartucho de gas en la cabeza; la jubilada Beatriz Blanco, con una herida abierta; y Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, quien perdió la visión en un ojo. Ese episodio motivó la presentación de nuevas denuncias penales y habeas corpus, que se suman a otras causas iniciadas este año. Sin embargo, según la CPM, la justicia aún no ha intervenido de forma efectiva para frenar o limitar estos operativos.
La organización de derechos humanos advirtió que, pese a la gravedad de los hechos denunciados, los jueces y fiscales no han cumplido con su rol de control. Desde la CPM señalaron que el protocolo vigente, lejos de reducir el caos, institucionalizó la violencia estatal y puso en riesgo la democracia misma, al no garantizar los derechos básicos de manifestación y libre expresión.
El método de represión: la policía arrincona a los manifestantes en la vereda con gas pimienta, palos y detenciones
El informe también detalla el funcionamiento repetido de los operativos de seguridad, que cada miércoles rodean el Congreso. Allí, efectivos de distintas fuerzas, incluidos Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de la Ciudad, despliegan un dispositivo que muchas veces supera en número a los manifestantes. Las vallas cortan las calles y las fuerzas arrinconan a los manifestantes sobre las veredas. Esa maniobra suele derivar en empujones, uso de gas pimienta, palazos y detenciones al azar.
Las cifras del informe son contundentes: en los primeros cinco meses del año, además de los 1231 heridos y 132 detenidos, se registraron al menos 142 trabajadores de prensa lesionados, 20 referentes de derechos humanos agredidos y tres menores afectados. Las heridas incluyen quemaduras químicas, traumatismos, esguinces, ataques de pánico y problemas respiratorios, en muchos casos provocados por el uso excesivo de gas lacrimógeno.
La CPM también denunció tareas de inteligencia ilegal en todas las movilizaciones monitoreadas. Señalaron que los discursos del gobierno nacional no solo avalan el accionar de las fuerzas, sino que contribuyen a su impunidad, alentando una violencia creciente que alcanza incluso a defensores de derechos humanos, personal de salud y periodistas.
