El PAMI, la obra social estatal de jubilados y pensionados, enfrenta una fuerte interna. Su director ejecutivo, Esteban Leguizamo, ordenó una auditoría interna para revisar el uso de las llamadas «vías de excepción», un sistema habilitado para la entrega de medicamentos e insumos fuera de los procedimientos habituales. Ese mismo sistema fue autorizado muchas veces por el propio Leguizamo durante su gestión anterior como titular de la Unidad de Gestión Local VI, en la Ciudad de Buenos Aires.
El presidente Javier Milei lo nombró al frente del PAMI a fines de 2023. Desde entonces, Leguizamo prometió revisar irregularidades heredadas. Sin embargo, su historial genera dudas. El uso de las «vías de excepción» fue frecuente bajo su responsabilidad. Aunque el mecanismo debe aplicarse solo en casos urgentes, se convirtió en una práctica habitual en la UGL más grande del país.
Críticas cruzadas por el cambio de postura
La decisión de investigar ese sistema despertó fuertes cuestionamientos. “Es raro que ahora quiera desmantelar el mecanismo cuando él lo aplicó durante años”, escribió el periodista Andrés Lerner en su cuenta de X. El conflicto de intereses es evidente. Si las irregularidades ocurrieron bajo su gestión, ¿puede realmente conducir una auditoría imparcial?
En 2022, Leguizamo fue denunciado por supuestos desvíos de fondos. La legisladora Graciela Ocaña y el ministro de Defensa, Luis Petri, lo señalaron por beneficiar a entidades ligadas a La Cámpora. La justicia dictó falta de mérito, pero el caso quedó instalado en la agenda pública. A fines de 2024, Leguizamo y el ministro de Salud, Mario Lugones, fueron citados para explicar el acceso a medicamentos en el PAMI. Ninguno se presentó.
La administración del PAMI en la mira
El PAMI maneja uno de los presupuestos más altos del Estado. Millones de afiliados dependen de su funcionamiento. Cualquier irregularidad administrativa afecta directamente a los servicios de salud de los adultos mayores.
Las «vías de excepción» permiten acelerar procesos de compra cuando hay urgencias. Pero si se usa de forma habitual, se saltean controles clave. Por eso, la auditoría intenta determinar si hubo abuso o malversación. El contexto político también influye. El oficialismo busca marcar distancia con gestiones anteriores, incluso dentro de sus propias filas.
Un futuro incierto para el sistema de salud de los jubilados
El objetivo declarado es recuperar la transparencia en el manejo de los fondos. Sin embargo, muchos se preguntan si esta auditoría es real o solo un gesto político. La historia de Leguizamo con este mecanismo complica su credibilidad. La presión ahora está en mostrar resultados concretos.
La auditoría en el PAMI pone en juego más que una revisión contable. Afecta la imagen de la gestión y la confianza de los afiliados jubilados y pensionados. La clave estará en si el organismo logra demostrar que busca mejorar el sistema, y no simplemente lavarse la cara. Mientras tanto, las dudas persisten y el presente de muchos adultos mayores sigue condicionado por las decisiones que se toman en las oficinas del PAMI.
