El escándalo por la filtración del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sumó un nuevo capítulo este martes. Mientras el Gobierno apunta directamente contra la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, en el radicalismo replican que la sede del Comité Nacional fue atacada días después de la presentación del documento y que la causa judicial sigue estancada.
La controversia estalló luego de que el diario La Nación publicara fragmentos del programa diseñado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ahora conducida por Sergio Neiffert. Según el texto revelado, el PIN habilitaría tareas de inteligencia interna dirigidas a personas que «erosionen la confianza de la opinión pública» sobre el Gobierno o generen «pérdida de confianza» en sus políticas económicas.
Acusaciones cruzadas y sospechas sin resolver
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que la filtración partió de la Bicameral, a la que se le había entregado el documento en octubre pasado, meses después de múltiples demoras internas. En esa reunión, según fuentes legislativas, ya se habían planteado objeciones sobre posibles violaciones a las garantías constitucionales, sobre todo en lo referido al monitoreo del discurso público.
La sospecha de Balcarce 50 se sostiene en un antecedente que agudizó las tensiones: la primera difusión del plan, ocurrida en noviembre a través del portal La Política Online, fue casi simultánea al segundo atentado sufrido por la sede del Comité Nacional de la UCR, donde cinco personas forzaron el ingreso y vandalizaron la oficina de Lousteau. Pese a la denuncia penal, la investigación judicial no avanzó y el episodio quedó envuelto en misterio.
Aunque ningún legislador de la Bicameral expresó públicamente su postura —por el carácter reservado del documento—, en el oficialismo no dudan en vincular al cuerpo con la filtración. En la oposición, en cambio, afirman que las críticas fueron planteadas institucionalmente, en defensa de los derechos ciudadanos.
Un documento polémico y de origen demorado
La elaboración del PIN fue postergada durante meses debido a las tensiones internas en la reconversión de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la SIDE actual, con cuatro agencias bajo una nueva estructura. Recién a fines de octubre se presentó el plan ante la Bicameral. La cual tiene como funciones la supervisión de los organismos de inteligencia y la garantía de que no se vulneren derechos civiles.
El documento, que según trascendió buscaría monitorear sectores que «manipulen» la opinión pública. Y fue señalado como potencial herramienta para el espionaje político. Entre los posibles blancos se incluiría a periodistas, economistas y referentes opositores.
La publicación de estos puntos sensibles desató la reacción de la Oficina del Presidente. Y que emitió un comunicado rechazando “categóricamente” que el plan esté dirigido a perseguir opositores. “El contenido del PIN es secreto, y su difusión constituye un delito federal”, advirtieron desde la Casa Rosada.
El papel de Estados Unidos e Israel en el documento filtrado
El primer antecedente de esta filtración no se dio el fin de semana sino en noviembre de 2024, cuando La Política Online reveló que el PIN incluía tareas de inteligencia interna vinculadas a la protección de la relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos e Israel. Esa versión también mencionaba órdenes para monitorear “sectores estratégicos” que pudieran socavar la confianza económica.
El periodista Hugo Alconada Mon retomó la denuncia este domingo en La Nación. Y dio nuevos detalles sobre los perfiles que serían espiados por el Estado en función de sus opiniones públicas. Aunque el documento completo no fue difundido, los fragmentos publicados bastaron para disparar el escándalo político.
La Bicameral se prepara para un nuevo encuentro
Desde el Congreso confirmaron que la Comisión Bicameral de Inteligencia podría volver a reunirse la próxima semana en el anexo del Senado. El encuentro incluiría a sus autoridades, entre ellas el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente) y el senador Oscar Parrilli (secretario), ambos referentes del kirchnerismo.
La convocatoria se da en un contexto de máxima tensión institucional. Por un lado, un Gobierno que se defiende de las acusaciones. Por el otro, una oposición que evita pronunciarse públicamente, pero recuerda las garantías constitucionales que están en juego.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la comisión legislativa podría escalar si el oficialismo avanza con sanciones internas. Incluso una denuncia formal por la filtración del plan. De fondo, el temor es que se instale un sistema de vigilancia del discurso y que se diluyan los límites entre seguridad e inteligencia política.
